Ante la negativa del INRA a asistir a la reunión, expertos recuerdan que la CAD es la que define los asentamientos en los departamentos
Para este jueves está prevista la reunión de la Comisión Agraria Departamental. Las autoridades del departamento y municipios, así como los pobladores, buscan una solución al problema de los asentamientos ilegales en la región
La decisión final sobre el asentamiento de grupos comunitarios en los departamentos está en manos de la Comisión Agraria Departamental (CAD) y el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) debe emitir la resolución de dotación cuando se terminan los trámites previos en los municipios y gobernaciones, recordaron dos expertos en la problemática de tierras.
Esta observación se produce luego de que el INRA hiciera pública su negativa a asistir a la reunión de la Comisión Agraria que se realizará este jueves en Santa Cruz bajo convocatoria de la Gobernación, luego de que se incrementaran las denuncias de asentamientos ilegales en predios privados, en tierras comunitarias de origen y en áreas protegidas del departamento cruceño.
El viernes 2 de julio se realizó el Congreso por la Defensa de la Tierra y el Territorio de Santa Cruz, en San Miguel de Velasco, donde se determinó defender la Chiquitania de grupos de avasalladores mediante la instauración de la CAD, la fiscalización en la distribución de tierras y la supervisión del proceso agrario.
La posición del INRA
El INRA calificó de carente de legitimidad la convocatoria a la CAD porque "no cumple los procedimientos formales y legales para su funcionamiento". Y pide a las organizaciones que componen el Pacto de Unidad y a sectores productivos "no ingresar a escenarios de provocación, polarización y violencia política".
El INRA considera además que la reunión de la CAD pretende "desvirtuar el proceso agrario en el departamento".
"Un espacio de concertación"
Alcides Vadillo, de la Fundación Tierra, explicó que las competencias de la CAD están definidas claramente en la Ley 1715 y cuya cabeza es el gobernador del departamento, por tanto, la inasistencia del INRA departamental a la reunión convocada es un incumplimiento de deberes, advirtió.
“El gobernador dirige la Comisión Agraria Departamental, el espíritu de la comisión es un espacio de concertación entre los diferentes sectores, es el diálogo de concertación entre sociedad civil y Estado, por eso guardan paridad entre las entidades públicas y privadas”, explicó Vadillo.
De acuerdo con el artículo 16 de la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria (Ley 1715) el CAD toma decisiones sobre las áreas y superficies que proponga distribuir el INRA por dotación o adjudicación de tierras, de acuerdo a la capacidad de uso mayor de la tierra y a las necesidades socioeconómicas del departamento; asimismo, dictamina sobre las áreas a catastrar que proponga el INRA.
Vadillo precisó que dictaminar es decidir sobre los asentamientos que proponga el INRA y desde esta instancia nacional no puede tomarse una decisión unilateral.
La diputada uninominal, María Reene Álvarez (Creemos) remitió una nota al director nacional del INRA, Eulogio Nuñez, para que asista a la reunión del CAD y le recordó que él no puede calificar la ley y solo debe acatarla. Nuñez había manifestado que la Ley 1715 está “descontextualizada” respecto de la Constitución Política del Estado y por esa razón no autorizaría la participación en la reunión de la CAD.
Municipios y gobernaciones
Rubén Darío Arias, otro experto en esta temática, explicó que en este momento no se cumple la ley que señala cómo se realiza la dotación de tierras y que el sesgo político contamina cualquier proceso.
Según su explicación, las comunidades interesadas en asentarse deben cumplir requisitos ineludibles, como la certificación ante los concejos municipales para que sean tomados en cuenta en los presupuestos de esos municipios donde pretenden asentarse.
Luego deben acudir a la instancia departamental para que realice un estudio sobre si la tierra solicitada es adecuada para el tipo de razón social que tramita un determinado predio, si el mismo será ganadero, forestal o campesino. Si se acepta esta solicitud, la CAD debiera dar su aprobación y de ese modo tramitar la titulación nacional. Pero en este momento ninguno de esos pasos se cumple, apuntó Arias.
En su opinión, el Gobierno está pagando las facturas políticas del apoyo que recibió en las pasadas elecciones nacionales y subnacionales, es por esa razón que se salta todo el procedimiento para entregar tierras a los campesinos colonizadores.
La Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarios de Bolivia (CSCIOB), a través de su ejecutivo, Esteban Alavi rechazó la instauración de la CAD y afirmó que la competencia de dotación de tierras es nacional y que desconocen la Ley 1715.
