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Las marchas y movilizaciones que, desde el jueves 21 de octubre se realizan en Potosí, Cochabamba, La Paz, Tarija y Santa Cruz, tienen como base al transporte, gremialistas y pequeños comerciantes.

Estos sectores, especialmente en Potosí, Santa Cruz y Cochabamba, son los que se hacen sentir y los que con mayor firmeza piden la derogación de la Ley 1386 Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo.

El dirigente nacional de la Confederación de Gremiales de Bolivia, César González, sostuvo que desde ayer (jueves) hay varias concentraciones y han ido creciendo debido al refuerzo que recibieron de los transportistas.

El presidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Juan Carlos Manuel, sostuvo que en Potosí se están cumpliendo las medidas de presión para que se deje sin efecto la Ley 1386. El cívico destacó el apoyo de las gremialistas y del transporte pesado.

Mientras que, en Cochabamba, el transporte pesado también ha dejado de realizar sus actividades y salió a las calles con sus unidades de trabajo con el propósito de cumplir las medidas de presión.

Desde el Ministerio de Economía se reiteró que la ley observada tiene el objetivo de prevenir y luchar contra la legitimación de ganancias ilícitas que podrían generar efectos negativos a la estabilidad económica y reputación de Bolivia.

La cartera económica remarcó que la normativa no afecta a los  transportistas, pequeños comerciales ni al sector gremial, como lo expresaron algunos representantes de organizaciones sociales, políticos de oposición. Reafirma que esta Ley es preventiva, considerando que define las principales directrices en cuanto a la lucha contra las ganancias ilícitas y financiamiento al terrorismo.

Su reglamentación

Según el Gobierno, la norma será reglamentada en coordinación con los sectores sociales involucrados con la finalidad de definir las tareas a ser ejecutadas dentro de la estrategia, es decir, se delimitarán plazos, uso de herramientas y metodologías, entre otras.

Las reglamentaciones serán puestas a consideración del Consejo Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento al Terrorismo (CONAL), en coordinación con las carteras de Estado que conforman dicha instancia.

Alcance de la UIF

Desde el despacho de Marcelo Montenegro, ministro de Economía, precisaron que las atribuciones de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) fueron establecidas el 31 de julio de 1997, mediante el decreto reglamentario, el cual dispone, entre otras acciones, recibir y pedir de los sujetos obligados los reportes de actividades sospechosas; recabar información pública o confidencial, de cualquier organismo de registro público. Se reitera que estas atribuciones se encuentran vigentes hace más de dos décadas, por tanto, no son nuevas.



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