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Los integrantes de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb), junto con el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), las plataformas ciudadanas y los activistas de defensa de derechos fundamentales preparan una respuesta contra la intención de tomar la institución de parte de la entidad paralela que crearon personas afines al Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS)


“El apoyo es unánime a Amparo Carvajal (presidenta reconocida de la Apdhb) y a la Asamblea de Derechos Humanos. Las organizaciones que apoyamos, el día miércoles a las 18:00 en el local de la Asamblea, vamos a hacer un acto por la democracia y la defensa de la institucionalidad de los derechos humanos”, declaró esta tarde el representante del Conade, Manuel Morales.


El viernes 17 de diciembre, las organizaciones y personas afines al Gobierno instalaron una reunión en La Paz por convocatoria del vicepresidente de la Apdhb, Édgar Salazar, quien fue designado presidente de esta entidad y de ese modo el MAS consolidó otra institución paralela. 


De inmediato, expulsaron a Amparo Carvajal. 


El domingo Salazar anunció que conformará las nueve oficinas departamentales pese a que la mayoría de estas eligieron recientemente a sus responsables.


El vicepresidente de la organización paralela, Alfredo Chávez, defendió la nueva organización y dijo que no es nueva ni es paralela. En su opinión, la directiva es legítima porque cumplió todos los pasos para convocar a un congreso. Explicó que los estatutos establecen que cada directorio tiene dos años de vigencia y que el último congreso se realizó en 2016 en la ciudad de Cochabamba y no hubo ninguna convocatoria a Congreso.


Reiteró que, como directorio, solicitarán la entrega de todos los activos de la entidad y que agotadas esas instancias procederán a acudir a “la autoridad competente”, que en este caso es un juez, tal como sucedió en diciembre de 2020 cuando un tribunal reconoció a la dirigencia paralela de los cocaleros de Adepcoca, afín al Gobierno.


Entretanto, las filiales de Tarija, La Paz, Santa Cruz, Potosí, Oruro y Cochabamba hicieron conocer su rechazo a esta directiva paralela. Según Chávez, Oruro no tiene una filial de la Asamblea, mientras que Santa Cruz estuvo presente en esa reunión y por tanto no serían válidos esos pronunciamientos.


Por otro lado, el Comité Cívico Potosinista (Comcipo) también publicó su resolución sobre los paralelismos que creó el Gobierno en sus años de gestión. “Denunciamos los atropellos y actitudes totalitarias de este Gobierno insensible al querer conformar direcciones paralelas en la Apdhb y la creación de comités cívicos populares con el único objetivo de acallar la verdadera voz del pueblo”, señala el documento.


Carlos Mesa, presidente de Comunidad Ciudadana, y la alianza Creemos fueron las dos organizaciones políticas que también se pronunciaron contra los nuevos activistas de DDHH afines al Gobierno.

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