Escucha esta nota aquí

El exviceministro de transparencia, dependiente del Ministerio de Justicia, Guido Melgar Ballerstaedt, quedó aprehendido este jueves en la ciudad de La Paz donde reside. La exautoridad está acusada de los delitos de uso indebido de influencias y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes. Melgar fue acusado por solicitar información de 592 personas vinculadas al Gobierno de Evo Morales.


La demanda penal fue presentada por el ministro de Gobierno, Carlos Del Castillo en diciembre de 2020 en contra de Mauricio Gustavo Fernández, exdirector del Servicio General de Identificación Personal (Segip), quien entregó esos datos al entonces viceministro.


Las autoridades del Ministerio Público confirmaron que Melgar Ballerstaedt fue aprehendido luego de prestar su declaración por el caso conocido como “Segip”. Citado el 20 de abril, el exviceministro acudió a la Fiscalía en La Paz, en cuyas investigaciones figura como “sindicado”.


El caso Segip se remonta a enero de 2020 cuando el entonces ministro de Justicia, Álvaro Coimbra, informó que se había iniciado una “preinvestigación” en contra de 592 ex autoridades del MAS vinculadas al lavado de dinero.


En esa lista estaban los hijos de los exmandatarios, Evo Morales y Álvaro García Linera, además de las familias de los exministros y otros excolaboradores del Gobierno del MAS.


Al dejar el cargo, Melgar confirmó esa investigación a exautoridades del MAS y aseguró que se solicitó información al Segip en el marco de una resolución del Grupo Interinstitucional de Trabajo para la Recuperación de Activos (Star-Gira) que se reunió para revisar los avances de la lucha contra la corrupción durante el Gobierno de Jeanine Áñez.


Star-Gira estaba conformado por la Procuraduría, la Contraloría, el Fiscal General y el ministro de Gobierno. Según las declaraciones de Melgar, las autoridades de estas entidades aprobaron la lista que debía ser investigada.


En ese entonces, aseguró que ese tipo de solicitudes no eran ajenas, pues el MAS ya había solicitado informes de 60 personas; aunque el informe de la UIF señala que solicitó información de 2.412 personas que eran consideradas, 'políticamente expuestas'.



Comentarios