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Son 33 las personas que fueron aprehendidas por los sucesos del miércoles y jueves en la ciudad de El Alto. Ahora, los sindicados tendrán que responder por los daños a la propiedad municipal. La Alcaldía alteña denunció la destrucción de dos buses ediles y una ambulancia.


La Fiscalía presentó la imputación formal en contra de 33 ciudadanos, seis de ellos mujeres y tres menores de edad, los mismos que fueron acusados de cuatro delitos: atentado contra la salud, instigación pública a delinquir, destrucción de bienes del Estado y organización criminal. La audiencia fue fijada para las 15:30 en uno de los salones del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz (TDJ), aunque el proceso será conducido por un juez de El Alto.


El jueves por la noche, luego de que se sancionara la Ley de Postergación de Elecciones que impulsó el MAS, un número no determinado de ciudadanos de Senkata, en La Paz, y en Yapacaní, en Santa Cruz, protagonizaron actos vandálicos en esas zonas. El jueves intentaron bloquear las vías y de ahí fueron aprehendidas más de 40 personas, varios fueron liberados y 33 quedaron con imputación formal.   


En el municipio de El Alto también informaron que ellos se constituirán en parte querellante del caso porque  los bienes ediles de esa ciudad fueron destruidos y, por lo tanto, las personas que participaron tendrán que responder por esos hechos delictivos.


Mencionaron que las partes laterales de dos buses, conocido como Wayna Bus, (similares a los Puma Katari de La Paz) quedaron destrozadas, además de los vidrios. Asimismo, una ambulancia que trasladaba a un herido también fue atacada y los vidrios quebrados. Los aprehendidos deben responder por esos hechos.


Las autoridades municipales aún no cuantificaron el monto económico de los daños a la propiedad municipal, pero pidieron garantías a los dirigentes vecinales. Las organizaciones gremiales de salud de El Alto se declararon en emergencia porque, aseguran, no cuentan con las condiciones para realizar su trabajo.


Detenida con Bs 6.000


Una de las aprehendidas, identificada como Lidia Mamani, fue detenida en poder de Bs 6.000. La mujer es vendedora de gelatinas. Las autoridades dudan que una persona dedicada a esta actividad maneje ese monto de dinero en efectivo y creen que era la encargada de pagar a los movilizados.


Además, en el momento de su arresto, ella dijo que salió de su casa porque iba en busca de una pastilla para el dolor de muela de su hija. Para su presentación fue expuesta con el dinero que encontraron en su poder.


Los menores de edad que están aprehendidos se encontraban en estado de ebriedad, según la Policía, y se resistieron a la aprehensión. 


El viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría, aseguró que estas aprehensiones y las investigaciones subsiguientes confirman la tesis oficial de que existió una manipulación política.


“En el caso de El Alto y Yapacaní son 20 las motocicletas decomisadas, se ha presentado la denuncia ante la Fiscalía. Exhortamos a la ciudadanía a no caer en estas acciones políticas, por un par de pesos no se dejen llevar por instrucciones políticas y que se vean en un conflicto donde no habrá quién los ayude”, advirtió la autoridad.


Dijo que las personas que están pagando para las movilizaciones también están fomentando el consumo de bebidas alcohólicas, y que eso no se toma en cuenta a la hora de actuar en las manifestaciones.

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