La aprehensión de Vicente Salazar Limachi, dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos Tupac Katari, generó este sábado la reacción del Comité pro Santa Cruz, que consideró la medida como el inicio del proceso para identificar a los responsables de los 53 días de bloqueos que afectaron al país.
El primer vicepresidente de la institución cívica, Agustín Zambrana, sostuvo que la captura permitirá avanzar en el esclarecimiento de los hechos y establecer las responsabilidades por las muertes, los daños a la economía y las afectaciones al abastecimiento registradas durante las movilizaciones.
"Este es el inicio de lo que todos los bolivianos estábamos buscando para saber qué pasó durante los 53 días de bloqueos", afirmó Zambrana. Añadió que el Comité pro Santa Cruz incorporará al proceso judicial cualquier información que surja de las declaraciones que preste Salazar ante las autoridades.
El dirigente cívico también pidió que la investigación alcance a otros presuntos involucrados, entre ellos Evo Morales y Mario Argollo, y exigió que el proceso se desarrolle con objetividad y respeto al debido proceso para evitar futuras nulidades.
Los delitos investigados
La orden de aprehensión emitida por la Comisión de Fiscales de Materia establece que Salazar es investigado, a denuncia del Ministerio de Gobierno, por los presuntos delitos de instigación pública a delinquir, asociación delictuosa, terrorismo, atentados contra la seguridad de los medios de transporte y atentados contra la seguridad de los servicios públicos, previstos en los artículos 130, 132, 133, 133 Bis, 213 y 214 del Código Penal.
El mandamiento, fechado el 3 de julio de 2026, ordena a la Policía proceder a la captura del dirigente para ponerlo a disposición del Ministerio Público y continuar con las investigaciones.
Salazar fue aprehendido este sábado y trasladado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de La Paz, mientras la Fiscalía y el Gobierno avanzan con las investigaciones por los bloqueos que paralizaron el país durante 53 días.