La Unidad de Investigaciones Financieras, la Fiscalía y la Policía tendrán facultades para interceptar llamadas telefónicas y revisar la vida privada de las personas. Advierten que se vulnera la Constitución

30 de julio de 2021, 7:53 AM
30 de julio de 2021, 7:53 AM

El Senado aprobó la madrugada de este jueves el proyecto de ley referido a la Estrategia Nacional Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo. Esta norma concede facultades a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), a la Policía y la Fiscalía para que ejecuten acciones “directas” en la vida privada de las personas consideradas “sospechosas” de legalizar activos obtenidos ilegalmente. La norma anticipa la posibilidad de interferir llamadas telefónicas.

La normativa que pasó al Órgano Ejecutivo para su promulgación establece los alcances de la estrategia, un plan de trabajo que incluye la modificación del Código de Procedimiento Penal para que la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) sea “fortalecida” con nuevas atribuciones orientadas a la investigación directa de posibles sospechosos de lavado de dinero. Se proyecta la interceptación de llamados telefónicas en función de una consulta constitucional y otras pesquisas en los movimientos financieros de las personas que resulten investigadas.

Además, el proyecto de ley aprobado por la bancada mayoritaria del Movimiento Al Socialismo (MAS) otorga a la UIF “la facultad analítica” de “elaborar la normativa que permita realizar investigaciones financieras y patrimoniales que incluya a las personas que resulten vinculados a los sujetos” sospechosos.

Al respecto, el artículo cuarto de esta ley señala que la UIF “debe monitorear” todas las actividades que se enunciaron en la estrategia que, además institucionaliza el Consejo Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas liderado por el Ministerio de Economía y secundada por las carteras de Gobierno, Defensa y Justicia, como así también de la Procuraduría General del Estado.

Debido a las nuevas atribuciones que asumirá la UIF, el senador Rodrigo Paz, de la alianza opositora Comunidad Ciudadana, calificó la norma de “peligrosa e inconstitucional”. El legislador por Tarija mencionó que esta ley concede atribuciones a las instituciones públicas de invadir la vida privada de los bolivianos, entendiendo que lo hace con el justificativo de investigar a cualquier persona supuestamente vinculada a un hecho ilícito. Aseguró que con esto se vulneran las garantías que concede la Constitución Política del Estado.

En criterio de Paz, a consecuencia de “la débil institucionalidad del Estado” y el control discrecional del MAS puede convertir esta ley en un instrumento de persecución política contra la oposición, bajo el argumento de combate al terrorismo.

Desde el oficialismo, su también senador y dirigente cocalero de Chapare Leonardo Loza (MAS), respondió que la norma es para quienes están fuera de la ley. “Ellos deberían estar preocupados”, remarcó.

Atribuciones

Con siete artículos, la norma incluye un extenso anexo de 53 páginas que proyecta “ampliar las facultades de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) para realizar las pesquisas, no solamente motivadas por la existencia de un Registro de Operaciones Sospechosas (ROS) o por pedido de autoridad competente”.

Según el documento al que tuvo acceso EL DEBER, la estrategia es la base de otras leyes, como una “que faculte a la UIF de iniciar investigaciones de oficio, sin la necesidad de que exista un pedido de la autoridad competente”.

En cuanto a las previsiones de alcance constitucional, la estrategia prevé “fortalecer las capacidades de investigación del Ministerio Público y de la Policía Boliviana”, a partir de ajustes en el Código de Procedimiento Penal que permitan la incorporación de “agentes encubiertos”, la ampliación del tiempo de arresto o aprehensión (actualmente son 24 horas en celdas policiales) en las investigaciones relacionados con el blanqueo de ilícitos.

“Se debe realizar una consulta de constitucionalidad al Tribunal Constitucional Plurinacional respecto al uso de técnicas de escucha de llamadas” en estos casos, se lee en la estrategia.

Sobre el proyecto de ley sancionado por el Senado, el ministro de Justicia, Iván Lima, que estuvo presente en la sesión, expresó que serán redactadas otras normativas vinculadas a la estrategia de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas y el financiamiento al terrorismo, en apego a la Constitución Política del Estado.

El senador Paz destacó las explicaciones del ministro Lima, pero señaló que, por la discrecionalidad con la que se manejan las entidades del país, “serán investigados los comerciantes, gremiales, políticos, empresarios y cocaleros; todos los bolivianos donde el MAS crea que hay un sospechoso”.

Explicó que el 80% de la economía boliviana es informal y que los ciudadanos relacionados con ella no generan “recibos ni facturas ni otros instrumentos administrativos que respalden las operaciones” y que son susceptibles de alguna operación que haga la UIF.

El senador Loza (MAS) señaló que la oposición no debería preocuparse por esta norma. “Quienes deberían estar asustados son los narcotraficantes y esas personas que obtienen ganancias ilícitas. Más bien, los empresarios deberían agradecer y sentirse felices porque habrá mayor legalidad y seguridad”, manifestó el político.

En un informe presentado al Legislativo, la UIF aseguró que “bajo ninguna forma, esta ley constituye un instrumento de persecución política”, pues es una decisión de Estado que busca proteger a la sociedad y su economía de los efectos nocivos de actos delictivos.