Arce aceptó viabilizar las Judiciales a cambio de aprobación de créditos
El presidente del Senado, Andrónico, Rodríguez, también en una entrevista con EL DEBER Radio, rechazó la posibilidad de que se reconozca la “autoprórroga” como legal.
Tras cinco días de negociación política y la presión social ejercida durante dos semanas de bloqueos en las carreteras del eje central del país, la facción del MAS que lidera el presidente Luis Arce aceptó al fin viabilizar las elecciones judiciales. A cambio, obtuvo el compromiso para destrabar la autorización legislativa que le permitirá acceder a más de $us 800 millones provenientes de préstamos internacionales.
El arcismo controla la presidencia de la Cámara de Diputados y el Ejecutivo, pero no tiene el respaldo de dos tercios de la Asamblea Legislativa. En ese contexto, pactó con representantes de las tres fuerzas políticas del Parlamento —el MAS, Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos— una hoja de ruta que, además de las Judiciales, incluye los proyectos de ley 073 y 075, aprobados en el Senado y que tienen que ver con la suspensión de plazos procesales y la anulación de la “autoprórroga” de los cargos de magistrados y consejeros del Órgano Judicial.
El mandato legal de seis años de esas autoridades venció el 2 de enero, pero sin autoridades electas que los reemplacen, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) optó por extender su “mandato” hasta las elecciones judiciales.
El diputado Carlos Arlarcón (CC) dijo ayer a EL DEBER Radio que el acuerdo permitió recuperar la capacidad legislativa de la Asamblea y puso límites a los fallos judiciales que entorpecieron el proceso de elección judicial.
El presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, también en una entrevista con EL DEBER Radio, rechazó la posibilidad de que se reconozca la “autoprórroga” como legal y destacó la necesidad de apurar la aprobación de la ley para la selección de candidatos a magistrados y consejeros del Órgano Judicial a partir del proyecto de ley 144 que fue paralizado en 2023 por el propio TCP.
El primer punto del compromiso suscrito entre los representantes del Legislativo y el vicepresidente David Choquehuanca es aprobar el “sin ninguna modificación”, el proyecto de ley 144 de convocatoria a elecciones judiciales, primero en Diputados, entre el lunes 5 y martes 6 de febrero cuando deberá pasar al Senado que tendrá sesionar “hasta su aprobación y posterior remisión al Órgano Ejecutivo”.
Este proyecto, sometido a control de constitucionalidad en 2023, se ajustó en al menos tres artículos. “Lo que no se ha insertado y no se ha cumplido es la solicitud de la ampliación del alcance de la declaración a través de este proyecto de ley que es su autoprórroga, lo que significa que en este proyecto de ley (144) se limita de manera exclusiva el tratamiento de la preselección para las elecciones judiciales. Este proyecto de ley, no reconoce de ninguna manera, la autoprórroga de los actuales magistrados”, puntualizó Rodríguez.
Alarcón señaló que el proyecto de ley 144, ya debería estar incluso promulgado por el presidente Luis Arce antes del viernes. El legislador opositor informó que en el proyecto 144, “se ha mantenido la votación en plancha, que es una metodología que nos va a permitir tener los dos tercios (de voto) en una Asamblea que ya no tiene ni un solo partido, los dos tercios”. Tiene 42 artículos, cinco disposiciones adicionales y una final.
Adiós a la autoprórroga
El proyecto de ley 075, “Ley para reestablecer la plena vigencia de los artículos 183, 188.III, 194 III y 200 de la Constitución Política del Estado” fue aprobado en el Senado y tiene dos artículos.
En el artículo 1, de “nulidad de pleno derecho” señala que “se deja sin efecto el numeral 4 de la parte resolutiva de la Declaración Constitucional Plurinacional 0049/2023 de fecha 11 de diciembre de 2023”. En tanto, el artículo 2, relativo a la “Cesación de funciones”, dispone que “los magistrados y consejeros del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura, conforme dispone la Constitución Política del Estado, cesarán en sus funciones el 2 de enero de 2024”. Dicho proyecto fue aprobado por el Senado el 18 de diciembre de 2023.
No obstante, el diputado Juan Jáuregui, que preside la Comisión de Constitución, anotó que dicho proyecto de ley incurre en inconstitucionalidades, tema que deberá tocarse y ser debatido durante la sesión camaral.
“Inyección económica”
Se trata de siete proyectos de ley de ley de “financiamiento de la agenda económica” que detalla el punto tres del acuerdo. Estos proyectos deben aprobarse en cuatro días, del 5 al 9 de febrero en Diputados y Senadores.
Son los proyectos de ley 145/2023-2024 que es un Contrato de préstamo para el proyecto mejoramiento y ampliación a 8 carriles carretera La Paz - Oruro, tramo Senkata – Apacheta; 079/2023-2024 de Adenda 1 al contrato de préstamo para financiar el proyecto construcción de la doble vía Caracollo - Colomi: tramo 2B Confital – Bombeo y el proyecto 255/2023-2024 de préstamo para el proyecto construcción con pavimento camino Faja Norte (Yapacaní).
También están contratos de préstamo para el programa de apoyo a la preinversión (proyecto 268); préstamo para el programa apoyo de emergencia por el Covid (156); préstamo para ampliar “Mi Teleférico” en La Paz (189) y préstamo para electrificación rural III (254).
Mientras para el diputado Jáuregui, este acuerdo es para “garantizar que la economía que fue lastimada por los 12 días de movilizaciones pueda tener la posibilidad de inyectarse recursos económicos”. No obstante, los créditos se firmaron por el Ejecutivo antes de los conflictos.
El acuerdo no es unánime y hay facciones, incluso de la oposición, que no lo validan. “¡Rechazamos la extorsión masista para la elección judicial! ¡No seremos cómplices de la deuda pública”, dijo la diputada Luisa Nayar (CC). El senador Henry Montero (Creemos) señaló que tampoco apoya al entendimiento.
