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Arce anuncia campaña internacional para denunciar el supuesto golpe de Estado y asumir acciones contra Almagro

Mientras el sector salud apunta a tomar previsiones por una posible tercera ola de contagios por Covid-19 y los sectores piden reuniones para abordar la reactivación económica, el mandatario iniciará una campaña por lo que considera intromisión de organismos internacionales en asuntos internos

EL DEBER 26/3/2021 16:30

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Si bien el Gobierno de turno rechaza la injerencia internacional respecto a la crisis política generada por el supuesto golpe de Estado y la violación de los Derechos Humanos denunciada por las exautoridades aprehendidas en las últimas semanas, el presidente Luis Arce Catacora anunció que impulsará una campaña internacional para exponer los hechos, desde su punto de vista, a los Estados y también para recibir apoyo en posibles medidas que se puedan tomar contra el secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, por una supuesta intromisión en asuntos internos.

El anuncio se da en un contexto en el que los actores del sistema sanitario piden fortalecer los controles ante la expansión de contagios por Covid-19 en zonas fronterizas del país, donde se teme la propagación en territorio nacional de la nueva cepa detectada en Brasil, al igual que el pedido de los sectores económicos de impulsar la reactivación económica que, a pocos días de concluir el primer trimestre de 2021, no muestra un resultado palpable para frenar la crisis económica latente.

El mandatario se refirió al respecto luego de visitar México, donde se reunió con su homólogo Andrés Manuel López Obrador, quien coincide en que en Bolivia "existió una ruptura del orden institucional en noviembre de 2019", una postura que es avalada por el Gobierno.

Sin embargo, y en contraste, rechazan que el presidente chileno, Sebastián Piñera, haya expuesto que debe haber independencia de poderes en Bolivia. En una entrevista con Andrés Oppenheimer, el mandatario chileno señaló que “no puede ser que la justicia en Bolivia esté subordinada al gobierno de turno” y cuestionó la detención preventiva que recibió la expresidenta Jeanine Áñez.

“Hemos coincidido plenamente en todos los puntos del diagnóstico con el presidente Andrés Manuel López Obrador y, por lo tanto, vamos a conversarlo en todos los foros que sean necesarios, porque tenemos que tener, obviamente, una mayor coordinación con otros países para ver si están de acuerdo con esta impresión que tenemos y se tomarán las acciones que se recomienden”, señaló Arce Catacora en conferencia de prensa.

No obstante, el ex embajador de Bolivia ante la OEA, Jaime Aparicio, afirmó, en una entrevista con EL DEBER Radio, que en la región existe un deber de injerencia cuando se presentan violaciones a los Derechos Humanos (DDHH) o cuando hay un quebrantamiento del Estado de Derecho (ante la aprehensión de la expresidenta constitucional y sus ex colaboradores).

"La Carta Democrática Interamericana y la Convención Interamericana de DDHH son documentos que Bolivia firmó y donde las violaciones de este tipo tienen un carácter de intervención supranacional, es decir, al ser la democracia un derecho de los ciudadanos de las Américas, hay un deber de los organismos internacionales y Luis Almagro -secretario general de la OEA- no estaría cumpliendo con su mandato si no interviene en este tipo de violaciones", expresó Aparicio.

Bolivia y México -agente externo- exhortaron, mediante una declaración conjunta, a que Luis Almagro respete la democracia boliviana y la decisión del pueblo manifestada en las urnas. El documento fue emitido durante la visita oficial de Arce a México.

En el punto 21 de la declaración, ambos países coinciden en la importancia de promover el carácter exclusivamente técnico, objetivo e imparcial de las misiones de observación electoral de la OEA y que las actividades de estas delegaciones deben respetar los principios de no intervención, la auto determinación, el diálogo, la negociación, la búsqueda de consensos y la solución pacífica de controversias.

En 2019, la OEA hizo una denuncia basada en un informe preliminar de los indicios de fraude, que el gobierno de Evo Morales firmó acordando que tenía un carácter vinculante, el cual hoy rechaza pese a las irregularidades detectadas que llevaron a anular las elecciones de ese mismo año.

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