Arce: “El pueblo no quiere impunidad ni pactos de silencio”
El mandatario pide justicia para las familias de las 38 personas que murieron durante los hechos de 2019. El informe del GIEI establece que en el país se registraron ejecuciones extrajudiciales
El presidente Luis Arce pidió la aplicación de la justicia para sancionar a quienes están involucrados en los hechos de 2019, que ocasionaron muertos y heridos, porque, a su juicio, el pueblo boliviano no acepta pactos de silencio ni impunidad.
“La forma de pacificar correcta, real, concreta que tenemos es la aplicación de justicia como lo piden las familias de las personas que han perdido vidas. Aquí no estamos hablando de que simplemente el golpe de Estado dejó daño económico, dejó una deuda, una deuda con 38 familias en el país y la única manera de reparar y pacificar esto es con la aplicación de la justicia a la brevedad posible”, señaló.
Arce recordó que el golpe de Estado del 21 de agosto de 1971, protagonizado por el entonces coronel Hugo Banzer Suárez, dejó una estela de muertos, heridos, exiliados y perseguidos, pero hasta ahora existe un manto de impunidad para quienes fueron protagonistas de la interrupción democrática.
“En ese camino de la pacificación tiene que entrar necesariamente la justicia porque la impunidad, como lo mencionaba nuestro ministro de Defensa en su discurso de muchos de los acontecimientos que han ocurrido en Bolivia (como) el golpe de Estado del año 71, donde también hubo muertos, 50 años posteriores sigue habiendo impunidad para quienes estuvieron en ese golpe de Estado. El pueblo boliviano ya no está para soportar ninguna impunidad ni pactos de silencio. Bolivia necesita avanzar”, indicó.
La semana pasada, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) presentó el informe final que contiene los resultados de las investigaciones de los actos de violencia y las violaciones a los derechos humanos ocurridos en Bolivia entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019.
El documento concluye que, en 2019, durante el régimen de Jeanine Áñez, existió vulneración a los derechos, racismo, masacres con armas letales utilizadas por las fuerzas de seguridad y ejecuciones extrajudiciales.
El organismo precisa que, en noviembre de 2019, Áñez se proclamó presidenta de la Cámara de Senadores sin el quórum previsto y luego presidenta interina del Estado Plurinacional de Bolivia, también sin el quórum correspondiente. Poco después ingresó a Palacio Quemado y un militar le impuso la banda presidencia y le entregó el bastón de mando. A consecuencia de las graves violaciones a los derechos humanos, 38 bolivianos fueron victimados por disparos de armas de fuego y más de un centenar sufrieron lesiones de consideración.
