El Ministerio de Justicia inició acciones contra la juez que paralizó la aprehensión y procurará revertir la orden en el TCP autoprorrogado

3 de octubre de 2024, 18:14 PM
3 de octubre de 2024, 18:14 PM

El presidente Luis Arce pidió que el caso de estupro que involucra a su antecesor Evo Morales sea declarado en reserva y se incorpore al Ministerio de Justicia en el proceso. Reclamó por los proyectos de ley que protegen a los menores y que están paralizados desde hace dos años en la Asamblea.


“Vamos a solicitar que esto (el caso) sea declarado en reserva, no puede ser que se politice un tema tan delicado, un tema que afecta inclusive la conciencia de todas las bolivianas y bolivianos. La niñez es el mayor tesoro que tenemos y vamos a proteger a la niñez, hemos presentado normas a la Asamblea que no se han tratado lamentablemente”, dijo Arce en un sorpresivo y breve encuentro con la prensa en Santa Cruz.


El caso de estupro y trata de personas estalló la noche del miércoles cuando los propios abogados del expresidente Evo Morales, ofrecieron una conferencia de prensa y denunciaron una supuesta orden de aprehensión contra el exmandatario; a los pocos minutos se conocía la versión de la fiscal de Tarija, Sandra Gutiérrez, quien denunció que fue separada de su cargo por no remitir el mismo a la Fiscalía General.


La investigación se remonta a 2015 cuando los padres de una menor habrían accedido a entregar a su hija a cambio de favores políticos. Esa menor tuvo una hija que está registrada en el sur del país y ahora cuenta con 8 años. La denuncia fue presentada en 2020 al ministerio de Justicia, en el gobierno de Jeanine Áñez y no hubo ninguna acción. Reapareció el 26 de septiembre cuando la Fiscalía de Tarija decidió reabrir el proceso.


Asimismo, el ministro de Justicia, César Siles, salió a declarar que su despacho procesará a la juez Liliana Moreno, quien fue la que suspendió la orden de aprehensión que había contra Morales y dijo que tramitarán la revocatoria de esa orden ante el autoprorrogado Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).


“Será el Tribunal Constitucional el que determine la validez de este fallo que se ha dictado en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, por nuestra parte ya anunciamos públicamente lo que vamos a hacer, iniciaremos las acciones que correspondan contra esta autoridad jurisdiccional”, dijo Siles en su comunicado.


Los hechos que se denuncian ahora sucedieron desde 2015, año en el cual Luis Arce era ministro de Economía en el Gobierno de Evo Morales y César Siles era director del Consejo Nacional del Refugiado (Conare)