Arce presenta un proyecto de ley contra la corrupción que entrega su control al Gobierno

El presidente Luis Arce envió ayer un proyecto de ley de prevención y lucha contra la corrupción. En su contenido delega al Ministerio de Justicia el poder para administrar un sistema de gestión de riesgos y de administrar de forma reservada toda la información, lo que para analistas y opositores representa una posibilidad de impunidad.

Opositores y ‘evistas’ recordaron al Gobierno que en el país existen normas, como la Ley Marcelo Quiroga, la Ley Safco y otras, pero que no se cumplen. Además, resaltaron que surge en momentos en los que el Gobierno enfrenta acusaciones serias de corrupción y de supuesta protección al narcotráfico, como el caso del envío de un cargamento de droga a España en un vuelo de la línea aérea estatal Boliviana de Aviación (BoA) y por eso catalogan el proyecto como una “cortina de humo”.

La disposición final única del proyecto de ley, al que tuvo acceso este medio, señala que “la administración del Sistema de Gestión de Riesgos estará a cargo del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, a través del Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción”.

La norma crea el Sistema de Gestión de Riesgos para la prevención y lucha contra la corrupción, a cargo del mismo Gobierno. Tiene los siguientes trabajos: Verificar en línea de Declaración Jurada de Bienes y Rentas; hacer el seguimiento y verificación de procesos de contratación; de la designación, nombramiento y contratación de personal y las incompatibilidades para el ejercicio de cargos públicos; el análisis de información publicada en medios de prensa, plataformas digitales y otras fuentes.

El documento establece que las entidades públicas que almacenan, custodian y/o administran registros de interés para el procesamiento y análisis preventivo de posibles hechos de corrupción deberán proporcionar accesos de lectura a dicha información, a través de mecanismos de interoperabilidad u otros medios digitales de consulta directa, “al Sistema de Gestión de Riesgos de manera indefinida y sin necesidad de suscripción de convenios, acuerdos u otros similares”.

El diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Carlos Alarcón sentenció que el defecto principal de esta ley es que “le da toda la facultad para administrar estos sistemas de gestión de riesgo para la supuesta prevención y lucha contra la corrupción, al Ministerio de Justicia y al Viceministerio de Transparencia”, opinó.

Esto debería, según el legislador, estar a cargo de una Contraloría independiente y que se habilite el control previo y no solamente, como ocurre ahora, cuando ya se consumó la contratación.

El presidente Luis Arce, al presentar el proyecto de ley, explicó que “tiene la virtud identificar las cuentas donde se van a depositar los recursos económicos del Estado, este hecho es el más relevante al margen de ampliar el castigo a las acciones de corrupción”, afirmó durante el acto público desarrollado en la Casa Grande del Pueblo.

La norma prevé abarcar a contratos de ejecución de obras del Gobierno nacional, gobiernos municipales y gobiernos autónomos departamentales.

Alarcón manifestó que no se puede admitir que una autoridad gubernamental sea la encargada de administrar y utilizar esta información. “No hay garantía de que se averiguación transparente de la verdad de los hechos de corrupción, por el contrario, se prestan a manipulaciones para encubrir los hechos que afecten al gobierno de Arce y perjudicar a los niveles subnacionales donde hay alcaldes y gobernaciones opositoras”, sentenció.

El presidente Luis Arce explicó que “se va a solicitar a todas estas empresas privadas que se adjudicaron obras, con las diferentes instituciones del Estado en sus diferentes estratos, que abran una cuenta donde se depositará el 100% de los recursos que el Estado se compromete al ejecutarse la obra, y en esa cuenta se podrá determinar los gastos que realizan las empresas privadas en la consecución de las obras señaladas en el contrato respectivo”, explicó.

La propuesta pasa por levantar el secreto bancario para los contratados, pero el mandatario admitió que eso se realizará “de forma voluntaria”. 

El expresidente Evo Morales saludó la intención “un poco tardía del Gobierno de luchar contra la corrupción”. Reiteró que para demostrar transparencia, las autoridades del Ejecutivo deberían levantar voluntariamente su secreto bancario. 

“Los escándalos en la ABC, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua y otras oficinas públicas demuestran que la corrupción, lamentablemente, se ha perfeccionado y goza de impunidad. Lo peor es que usan parte de ese dinero para comprar con prebendas a dirigentes”.

El rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuéllar, señaló al respecto que en este país no es la Constitución Política del Estado, no son las leyes, las normas las que fallan, “son los administradores de justicia los que deben cumplir la Carta Magna, ellos fallan. ¿Será que el problema de la corrupción es sólo la falta de normativas?, cómo podemos pensar que tenemos una justicia tan corrupta si los que administran justicia son profesionales de alto nivel académico. Hay falta de principios, valores”.

Mencionó que en el tema de los narcovuelos caen personas de bajo rango, “pero nunca se conocerá quiénes están detrás de todo eso. Sabemos del caso del Fondo Indígena, y muchos otros y recién quieren implementar una norma de lucha contra la corrupción, por favor, ¿a quién quieren engañar?”

Resaltó que son temas distractivos “en este momento cuando no hay combustible, cuando quieren vender el oro. Este año el Gobierno tiene que pagar los $us 1.313 millones de cuota por la deuda externa. ¿De dónde van a sacar plata?, ¿por eso era premura de vender los dólares?, por favor”.

El diputado Alberto Astorga, de CC, “dijo que es una propuesta tardía, busca tapar la corrupción que se ha registrado en distintos ministerios. Colocan cortinas de humo porque el presidente Luis Arce no tiene la más mínima intención de cambiar a sus ministros, varios de ellos observados por corrupción e ineficiencia, y quiere mantener a su gabinete manchado por ésta.

El diputado Renán Cabezas, del MAS, dijo que el texto de este proyecto de ley ya está escrito en otras normas, “lo que definitivamente hace falta es cumplirlas, de qué sirve tener muchas leyes si no se van a cumplir. Es una cortina de humo que busca mostrar un Gobierno que hace algo, como si gobernara desde ayer”.