David Choquehuanca estuvo en Bruselas. Se reunió con las autoridades de la Unión Europea, que financia la lucha contra el tráfico ilegal de drogas. El presidente de Colombia también habló de ajustar la lucha contra el narcotráfico

21 de septiembre de 2022, 8:58 AM
21 de septiembre de 2022, 8:58 AM

El presidente Luis Arce compareció ayer por segunda vez ante el principal foro de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Allí lanzó “14 propuestas para el mundo” con las que rechazó las políticas “unilaterales” que promueve Estados Unidos y “el capitalismo”.

La propuesta incluyó la declaratoria de zona de paz, la universalización de la salud gratuita, soberanía global alimentaria, la reconstrucción de las capacidades económicas de países de la periferia, la industrialización del litio como pilar de la transformación tecnológica, el respaldo a países sin litoral y el rechazo a sanciones unilaterales, precisamente activadas por Washington.

En ese contexto, Arce proclamó “el fracaso de la guerra contra las drogas” y anunció una alianza con Colombia y Perú, dos naciones que, recientemente, eligieron a mandatarios de izquierda. Poco antes, Gustavo Petro, el nuevo presidente de Colombia —en el mismo tono que Arce— habló sobre este “fracaso”. “Si no corregimos el rumbo y esta guerra se prolonga otros 40 años, Estados Unidos verá morir de sobredosis a 2.800.000 jóvenes” y “morirán asesinados un millón de latinoamericanos más”, dijo Petro en su estreno en el foro la ONU.

Petro y Arce se reunieron antes de sus respectivas comparecencias en el foro. Ambos discutieron la posibilidad de legalizar la marihuana, un debate que está instalado en la región desde hace varios años. Hace algunas semanas, el diario Washington Post marcó las señales que dio Petro para ajustar la política antidroga, incluida una nueva regulación de la cocaína.

Pero hubo más coincidencias. Arce también puso énfasis en los consumidores que están en Estados Unidos y países europeos. “Queda claro que la guerra contra las drogas, principalmente aquella desatada por Estados Unidos, ha fracasado y, por tanto, existe una imperiosa necesidad de que ese país haga un profundo análisis sobre el cambio de su política”, afirmó el jefe de Estado en la sede de la ONU de Nueva York, que esta semana inauguró su 77 periodo de sesiones, el primero totalmente presencial tras la declaratoria de la pandemia por coronavirus, en febrero de 2020.

Según Arce, Estados Unidos “se ha convertido en uno de los más importantes países consumidores” de drogas y dijo que en 2021 “más de 100.000 personas murieron por sobredosis” y rechazó los informes de la Casa Blanca respecto a los resultados de la lucha contra el narcotráfico en el país.

“Una muestra de (esta) unilateralidad con la que se actúa desde algunos países es la incorporación de Bolivia en la lista de los denominados países de tránsito de droga o productores de drogas ilícitas. El Estado Plurinacional de Bolivia tiene una política soberana de lucha contra el narcotráfico que ha dado importantes resultados y ratificamos el compromiso de nuestro gobierno para fortalecer la lucha contra este flagelo mundial”, apuntó Arce.

En un informe publicado el 16 de septiembre por la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ratificó a Bolivia en la lista de países que no combate el tráfico de drogas y “permiten el tránsito o la producción de drogas”. En ese registro aparecen 20 países entre los que se encuentran Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador, Guatemala y Panamá.

Arce recordó ante el foro que Bolivia aplica una política de “nacionalización” en la lucha contra las drogas y, entre “las propuestas para el mundo” se refirió a la “regionalización” del combate al tráfico ilícito de drogas. En su discurso no se refirió a la producción de coca en territorio nacional.

“Bolivia defiende su modelo y, por eso, asumimos que es el momento de trabajar juntos con Perú y Colombia y con otros países afectados en el tránsito de drogas en la regionalización de la lucha contra el narcotráfico, que sea menos militarizado y más económicamente social”, sostuvo y sugirió crear, desde Naciones Unidas, un mecanismo que vele por la reducción del consumo y ataque al lavado de activos.

“La guerra internacional contra las drogas criminaliza y genera sanciones unilaterales contra países del sur, pero blinda el lavado de activos, facilita el tráfico de drogas y otros delitos conexos en otros países del norte. Eso ya no puede seguir así (por eso), debemos trabajar desde Naciones Unidas un mecanismo para evaluar los resultados no solo a los países del sur, sino a los del norte, del que uno de sus integrantes certifica unilateralmente el combate a las drogas”, afirmó.

El Gobierno destinó para este año un monto equivalente a $us 40 millones para sustentar la lucha contra el narcotráfico. Son recursos para mantener aeronaves y vehículos, así como equipos de seguridad. La partida también debe cubrir las tareas de erradicación de coca ilegal y la prevención del uso indebido de drogas.

Una buena parte de ese dinero, Bs 280 millones que están inscritos en el Tesoro General (TGN), provienen del programa de cooperación que asignó la Unión Europea (UE). A finales de 2021, la entidad internacional autorizó el desembolso de $us 101 millones hasta 2024. De ese monto, $us 60 millones son para enfrentar el tráfico de estupefacientes. Estos fondos se canalizan como contraparte de la “responsabilidad compartida” entre consumidores y productores, el principio internacional para anular al narcotráfico, así como delitos conexos.

El vicepresidente David Choquehuanca se reunió el lunes en Bruselas con Brian Glyn, director para las Américas en el Servicio Europeo de Acción Exterior de la Comisión Europea, y con el comisario europeo de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius. En ambas reuniones se evaluaron los programas de cooperación, entre ellos, la lucha antidroga.

Europa también financia el monitoreo anual de la coca que realiza la Oficina de la Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (Unodc). En 2021, el organismo informó que en 2020 hubo un crecimiento del 15 % en los cultivos pues de 25.500 hectáreas en 2019 la extensión llegó a 29.400 hectáreas El límite legal de estos cultivos es de 22.000 hectáreas.

A finales del pasado año, el Gobierno anticipó un crecimiento de coca por encima de las 30.000 hectáreas, pero el reporte oficial de la Unodc aún no se presentó. El organismo tampoco entregó el informe en Colombia y Perú, los dos países que lideran la producción de coca y cocaína a escala mundial, según supo EL DEBER.

Tras su participación en el foro, Arce habló con los periodistas y negó injerencia política en la justicia, uno de los pilares clave para sancionar delitos del narco.