(VEA EL VIDEO) El presidente participó de la inauguración del Año Judicial en Sucre. Identifica tres problemas profundos de esa instancia y que no se garantice la celeridad en perjuicio de la población

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3 de enero de 2022, 13:00 PM
3 de enero de 2022, 13:00 PM

El presidente Luis Arce sugirió este lunes revisar la norma que otorga 25 días a los administradores de justicia, considerando que esa es una contradicción frente a la carga procesal que arrastran los tribunales del país, que perjudican a la población.

Durante la inauguración del Año Judicial en Sucre, la máxima autoridad nacional criticó duramente que ese órgano del Estado priorice el factor administrativo antes que garantizar la premura en las causas.

“Se prioriza lo administrativo por encima de la administración de justicia, propiamente, pero también se observa leyes que han quedado obsoletas y no acompañan las necesidades de justicia pronta para el pueblo boliviano, por ejemplo, la Ley del Órgano Judicial que establece una vacación obligatoria de 25 días, cuando existe en nuestro sistema una elevada mora procesal, tendríamos que revisar esta y otras normas para dar mayor celeridad a los trámites en nuestra justicia”, dijo el primer mandatario.

Arce identificó tres problemas principales en la administración de justicia, la retardación, corrupción y enorme carga procesal, advirtiendo que “el modelo de gestión judicial es obsoleto, discriminador y excluyente, privilegia a algunos pocos y perjudica a la mayoría del pueblo boliviano”.

El acto:


“En promedio, solo el 46 por ciento del total de proceso fue resuelto en los dos últimos años, el 62 por ciento de los juzgados está en las capitales y la ciudad de El Alto, el restante 38 en provincias, un total de 175 municipios no tiene juzgados, lo que implica que 1.300.000 bolivianos no tienen disponibilidad de acceso a la justicia en su jurisdicción”, reprochó el jefe de Estado.

Detalló que en la justicia ordinaria un 49 por ciento de los jueces son de carrera, 48 por ciento transitorios y el restante 3 por ciento está acéfalo; asimismo, el 65 por ciento de privados de libertad, más de 11.000 personas, permanece con detención preventiva, por demoras en sus procesos.

“Tenemos el deber patriótico e histórico de atender la necesidad de diseñar un modelo de justicia que se adapte a las nuevas realidades de la sociedad boliviana, esto significa también reflexionar y cuestionar profundamente aspectos del sistema judicial, para fortalecer la cultura de paz y las prácticas de diálogo que nuestros ancestros utilizaban para lograr soluciones perdurables”, complementó el presidente, instando a hacer realidad la demanda de memoria, verdad y justicia, para las víctimas de masacres de 2019.