Arce se apoya en el ‘gabinete social’ ante las protestas y ven que el TCP avala su gestión política

Las organizaciones sociales del Pacto de Unidad acaban de formar un 'gabinete social' para respaldar las decisiones del Gobierno y llevar adelante un "control" sobre el cumplimiento de una agenda planteada desde sus bases. Al mismo tiempo, especialistas y el evismo cuestionan el papel de Tribunal Constitucional en en un escenario preelectoral. 

Estas percepciones surgen después que la pasada semana Arce exhibiera su musculatura política con un gabinete social del que participaron dirigentes de organizaciones sociales del Pacto de Unidad, además de Juan Carlos Huarachi de la COB.

Consultados por EL DEBER políticos aseguraron que estos dos pilares no son sostenibles en el tiempo, más aún, cuando el país atraviesa por una crisis económica que ya generó protestas de sectores productivos como los gremiales y los transportistas. 

Desde el Parlamento le piden al jefe de Estado “salir de su burbuja” para ver la realidad del país y así plantear soluciones a esta crisis antes que la situación se salga de las manos.

El jefe de bancada de Comunidad Ciudadana (CC), Enrique Urquidi, pidió a la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, y a los dirigentes del Pacto de Unidad, como Juan Carlos Huarachi, que antes de advertir que no permitirán que se hable de crisis en el país, "vayan a los mercados a preguntar los precios de los productos de la canasta familiar".

“Ya no es sostenible la crisis y esta misma crisis va a terminar comiendo al gobierno del presidente Arce. Si el Gobierno no cambia de acciones y si no toma otro tipo de decisiones, se va a generar un escenario de absoluto rechazo al Gobierno de Arce (…) El gran problema del gabinete social y de Arce es que no terminan de entender que sus políticas y su modelo económico han fracasado, pero mientras sigan ciegos y sordos, la crisis va a ser mucho más contundente”, dijo Urquidi a EL DEBER.

El 28 de mayo, después de la reunión del gabinete social, la ministra Prada advirtió, en un comunicado conjunto con el Pacto de Unidad, que no van a permitir que la oposición y el evismo instauren el discurso de que Bolivia atraviesa por una crisis económica y que más bien el Ejecutivo es blanco de un boicot y de desestabilización.

Para el senador de Creemos Henry Montero el Pacto de Unidad que es sostén de Arce tiene una gran debilidad y es que esta organización es representada por dirigentes que carecen de toda legitimidad y legalidad como es el caso de Juan Carlos Huarachi de la COB, que está en el cargo desde hace ocho años.

Citó también al TCP y al Órgano Judicial como su brazo jurídico que con fallos a favor le respalda para gobernar mediante decretos supremos.

 “Arce no asume que el modelo comunitario productivo ha llegado a su fin, no da más y son varios los indicadores para demostrar eso, por ejemplo, que el déficit fiscal se mantiene en ocho puntos, la balanza comercial es negativa, la caída de las Reservas Internacionales, el incremento de la deuda externa e interna y muchos indicadores económicos más”, dijo Montero.

Respaldo a Arce

La última decisión del Pacto de Unidad tiene que con "llebar a las bases" los informes que recibieron del presidente Arce y de sus ministros en el gabinete social. Además, todas las medidas gubernamentales que decida el Gobierno en consulta con las organizaciones.

Una de las últimas muestras de respaldo al Gobierno es la postura de la Federación Departamental de Trabajadores Campesinos de La Paz (FDTC-LP) Tupac Katari que declaró a Evo Morales “persona no grata” .

Según el dirigente campesino Efraín Mollo, el líder cocalero anunció que convocará a un congreso paralelo de campesinos de La Paz, intención que fue rechazada. “Él (Evo Morales) no tiene ninguna relación con nuestra organización sindical, por lo que, le pedimos a Morales, que se ocupe del Chapare, porque aquí no lo queremos”.

Situación crítica

Gregorio Lanza, un especialista en gestión de conflictos, cree que el Gobierno de Arce enfrenta “una situación extremadamente crítica” que comenzó desde hace unos dos meses con un deterioro que parece irreversible.

Esa situación se refleja en el descontento que cada vez llega a más sectores de la sociedad y el apoyo de los movimientos sociales no es ninguna garantía porque debe dar soluciones reales.

“El presidente Arce está buscando un mayor respaldo, está buscando sostenerse en el Pacto de Unidad, pero al parecer ese apoyo empieza a restringirse a las cúpulas dirigenciales, se apoya en entidades muy débiles, y respecto al Tribunal Constitucional, se podrá sostener por un tiempo pero si no adopta medidas serias, el Gobierno va a seguir sufriendo un deterioro profundo que va a echar por tierra los afanes eleccionarios del presidente Arce Catacora”, dijo Lanza a EL DEBER.

“El respaldo es ficticio”

El diputado evista Héctor Arce afirmó que el gobierno se sostiene con decretos supremos y sentencias constitucionales de magistrados “auto prorrogados”, dejando de lado las competencias de la Asamblea Legislativa, además de que esa muestra apoyo de organizaciones sociales que “no existen” en la realidad. 

“Se sostiene con una militancia aparente, ficticia porque en la mayoría de los actos que él ha convocado, el 90% son funcionarios de las diferentes instituciones de los nueve departamentos. Es decir, se apoya en magistrados truchos y se apoya en estos dirigentes truchos y prebendales, dirigentes que ya están siendo rebasados”, afirmó Arce a EL DEBER.

El legislador aseguró por ejemplo, que es falso el anuncio del gabinete social de aseguró que a partir de este lunes se levantan las restricciones para la venta de gasolina en bidones.

“He visitado siete surtidores en la zona sur de Cochabamba y en los siete surtidores no había gasolina ni diésel. Sigue la restricción para la venta en bidones de una a tres de la tarde, es otra mentida y estos hechos están indignando a la población porque incluso ya se está afectando el derecho a la vida, a la seguridad alimentaria que no puede conseguir gasolina y diésel para sus actividades agropecuarias”, indicó Arce.

¿Este año habrá judiciales?

Es incierto. A pesar de que todos los frentes políticos aseguran que su objetivo es que este año se realicen las elecciones para el Órgano Judicial y el TCP, los parlamentarios no dan luces para avanzar en el proceso de preselección y menos en que el vicepresidente David Choquehuanca convocará a sesión para tratar y aprobar una ley corta o tratar los proyectos 073 y 075.

Sobre el tema, en las últimas horas se conoció que la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, concedió la tutela parcial a los accionantes – parlamentarios evistas – para que el presidente de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca, convoque a sesión para tratar los proyectos de ley 073 y 075.

No obstante, la misma es condicional ya que antes de ese paso, se debe subsanar “el defecto formal de procedimiento legislativo ante la cámara revisora”, es decir, ante la Cámara de Diputados presidida por el diputado arcista Israel Huaytari.

Esta resolución judicial, firmada por el vocal Israel Campero, pasó prácticamente desapercibida en el Parlamento donde continúan los desacuerdos para retomar el proceso de preselección de postulantes para el Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional.

El diputado del MAS del bloque arcista, Gustavo Vega, apuntó a sus colegas de la oposición y a los evistas al afirmar que son ellos los que ponen trabas a la continuidad del proceso de preselección ya piden que más bien se rehaga todo el trabajo de preselección.

“El grupo radical del MAS y los de la oposición creo que quieren hacer de nuevo otras reuniones de concertación y eso significaría definitivamente empezar (la preselección) desde fojas cero, y significaría también que este año no habría elecciones judiciales en Bolivia”, dijo Vega a EL DEBER Radio.

El diputado Urquidi no tiene la menor duda de esa intención pero que parte desde el oficialismo y señala que ése es el objetivo del Gobierno de Arce: impedir las judiciales y mantener a los magistrados prorrogados para que garanticen su continuidad así sea implementando una “gobernabilidad judicial” que significa someter al TCP y al Órgano Judicial.

“Lo que Arce ha buscado y sigue buscando es bloquear a la Asamblea Legislativa Plurinacional y bloquear las elecciones judiciales. Ha perdido gobernabilidad en la Asamblea, por su pelea interna pero también por su incapacidad y falta de voluntad política para generar consensos con los que pensamos diferente al MAS”, dijo Urquidi

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