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Por: Nathalie Iriarte V.

(Este especial fue realizado con la asistencia de dos periodistas indígenas: Julia Chiqueno, del pueblo Ayoreo; y Isapi Rua del pueblo Guaraní. Ilustración de la portada: Adriana Vega)

La minería acecha al área protegida ANMI San Matías y las instituciones creadas para cuidarla pasan por su peor momento. Lo que está en juego no es poco, es un área protegida casi del mismo tamaño del departamento de Tarija o de todo un país como Haití. Conseguimos documentos que prueban cómo el Servicio Nacional de Áreas Protegidas y ministerio de Medio Ambiente y Agua aprueban solicitudes mineras incompletas, saltándose pasos que violan las normas de protección ambiental. 

Esta historia fue producida gracias al apoyo de Internews y el Earth Journalism Network.

El 23 de enero se encendieron las alarmas de activistas medioambientales en Santa Cruz, Bolivia. Y salió a la luz pública el nombre de una comunidad que, hasta entonces, vivía en el olvido y la oscuridad total: Santo Corazón, la última misión jesuítica en ser fundada en el país, a menos de 100 kilómetros de la frontera con Brasil y donde no ha llegado el turismo ni la luz eléctrica. La razón: un permiso para que la minera Mincruz explote manganeso a 21 kilómetros de la comunidad que está dentro del Área Natural de Manejo Integrado (ANMI) San Matías. 

Las instituciones que daban la venia a esta actividad –contraria a la normativa de protección ambiental– eran el Ministerio de Medio Ambiente y Agua y el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap).

La presión pública fue tal en redes sociales, que hizo retroceder a las autoridades, y el permiso fue anulado sin mayores explicaciones sobre el proyecto o las razones por las cuáles se aprobó. La medida acalló las voces, pero quisimos ver que había detrás de este proyecto que abre la puerta a muchos otros que acechan a la segunda área protegida más grande del país.

Dimos seguimiento al caso durante más de 4 meses y visitamos el área protegida para constatar en qué quedó el cuestionado proyecto que aún ronda a su presa esperando arrasar con el bosque alto de la serranía del Sunsas. Esta serranía es la hermana menos famosa que descansa al lado del adorado y turístico Valle de Tucabaca. Por el otro lado, la serranía del Sunsas limita con un ecosistema único en el mundo, el Pantanal.

Una vista desde lo alto de la Serranía del Sunsas/Fotos: Maicol Mamani

“Al inicio aquí nadie quería a la minera, la gente sabía que eso contamina el agua, los enferma y se lleva los recursos pa otros. Pero de a poco la empresa llegó a los líderes y los fue convenciendo. La necesidad de la gente hizo que acepten. Se vendieron por poquingo”, cuenta un guarda parques.

“Ya conservamos harto. Nuestros abuelos, nuestros padres, todos conservaron esto que ven. Ahora vemos la necesidad. Somos los dueños, somos los indígenas chiquitanos los que vivimos acá”, dice el cacique Suárez, sentado bajo un techito de palmeras bajo un sol que ve pasar parabas azules al atardecer.

Con un primer pago de 30 mil bolivianos (4.310 dólares) Mincruz convenció a los pobladores de Santo Corazón de abrir las puertas del Pantanal boliviano. Según el cacique serán cuatro pagos anuales sumando un total de 120 mil bolivianos (17.241 dólares).

Pobladores de la comunidad Santo Corazón/Foto: Alejandro de los Ríos

Además, les prometieron que generaría trabajos para la mayoría de los pobladores. “Más de medio año estuvimos sin luz. El motor (generador a diésel) no servía. Ahora gracias a la minera tenemos luz de nuevo, arreglamos el motor. Por eso queremos la minera”, agrega Suárez. El área protegida entregada por un motor de luz que funciona de 7 a 9 PM y promesas. La necesidad es mala negociante. Mientras, la gobernación –encargada del alumbrado público– del departamento más rico del país, mira hacia otro lado.

Accedimos al proyecto presentado por Mincruz al Sernap de manera confidencial gracias a una fuente anónima y las promesas no se ven muy realistas. Los trabajos reales generados según el organigrama de la mina solo serían cuatro. El listado de personal cita apenas 12 funcionarios, de los cuáles, solo cuatro son ayudantes. Los demás, serían personal externo a la comunidad, como gerente, logística y operadores.


 “He visto como llegan a los pueblos y les prometen que van a darles trabajo hasta a sus perritos como guardianes de la concesión minera. El caso de la Jindal en Puerto Suárez es un ejemplo: se comprometieron a todo, firmaron en el libro de actas que para las comunidades es sagrado. Luego, la empresa les dijo: eso no tiene ningún valor legal y listo. Así trabajan estas empresas y más aún cuando son empresas tan pequeñas como Mincruz que consiguen los permisos de manera política y lo que buscan es re vender el proyecto a una minera grande”, cuenta Sara Crespo de Probioma, institución que acompaña a pueblos indígenas en procesos de consulta previa.

En una parte del documento EIA (Estudio de Impacto Ambiental) presentado por la empresa para conseguir la licencia ambiental indica que: “El trabajo será ejecutado de manera artesanal por un equipo de aproximadamente 10 personas de la población de Santo Corazón con herramientas manuales (palas, picotas, carretillas, puntas, combos, machetes)”. Con eso, la empresa justifica que no habrá impacto ambiental a no usar maquinaria pesada, “excepto una retroexcavadora que solo trabajará 4 horas diarias”.

“Este estudio es poco creíble y contradictorio. Indican que se van a extraer 750 toneladas de material estéril y 250 toneladas de mineral diario. Es una cantidad muy alta para creer que se va realizar de forma manual. Para eso, lo normal es el uso de medios mecanizados con taladros, retroexcavadoras, e incluso dinamita”, dice Óscar Campanini, sociólogo investigador del CEDIB experto en impacto ambiental de minería que analizó junto a su equipo el documento.

“El tema del agua es algo preocupante también. Y es una falla en la mayoría de los informes mineros de impacto ambiental que nunca especifican la cantidad de agua que usarán. La operación minera dice que solo va utilizar 50 litros días para limpieza del personal sacado del río Santo Corazón y que el restante para consumo de personal será traído en botellones desde Roboré. Eso es poco creíble”, apunta Campanini.





Ilustración: Adriana Vega

Pero según él y otros expertos cuando se remueve tanta cantidad de tierra se genera mucho polvo. Ese polvo aumenta con el tráfico de volquetas que diariamente realizarían el transporte del material a la planta donde el manganeso sería procesado. Para evitarlo, las mineras hacen riego constante de equipos y de caminos. En este documento dice que no se usará agua para riego de caminos “a menos que sea necesario”, pero no se indica la cantidad ni fuente de agua.

Pero el mayor problema del agua no es ese sino que “al sacar ese mineral hay muchas sustancias de la tierra que son removidas y que, al contacto con el oxígeno, generan procesos químicos que las oxidan y convierten en aguas ácidas de mina. Ahí también se remueven metales pesados que luego llegarán a fuentes de agua. Sobre todo sabiendo que en esta zona hay un época de abundantes lluvias que se llevará ese material. El estudio no contempla nada de esto”, explica Campanini.

El cuento a los comunarios de Santo Corazón fue otro: “No hay contaminación, cero contaminación, eso es lo que él nos ha explicado el ingeniero de la empresa. Tampoco van a usar agua, van a traerse todo para su consumo. No nos preocupa eso, porque además la mina estará lejos de nuestras casas”, dice el cacique Suárez, ignorando el radio de impacto que puede tener la contaminación de aguas ácidas de mina.

A pesar de que la Constitución boliviana valida las decisiones de los pueblos indígenas sobre su territorio, una decisión de esta magnitud sobre un área protegida no es solo de los comunarios: “Las áreas protegidas son bienes públicos, ósea que no tienen dueño, nadie puede decidir sobre un área protegida atribuyéndose la propiedad por más viviente del área que sea. Cualquier persona que sienta afectada por un mal uso del área o que denuncie que se están realizando actividades en contra de los objetivos de conservación está facultada para interponer una acción legal que frene dichos proyectos”, aclara Diego Gutiérrez abogado con gran experiencia en medio ambiente que dirige al SBDA (Sociedad de Derecho Ambiental). 

“En junio nos reunimos con don Teodoro Mamani en Santa Cruz, la empresa nos llevó con todo pagado para reunirnos. Él se comprometió a sacar el permiso rápido, pero nada. Esperamos que salga pronto y que los recursos lleguen a nuestra comunidad. Don Teodoro nos dijo que nosotros somos los dueños y que tenemos que decidir lo que nos conviene más”, dice el cacique.




El templo de la comunidad Santo Corazón/Foto: Alejandro de los Ríos

Teodoro Mamani es el director nacional del Sernap, a su cargo están las 22 áreas protegidas del país. Mamani ha sido muy criticado por no cumplir con el perfil técnico que requiere el cargo ni tener experiencia alguna en áreas protegidas.

“Para dirigir el SERNAP tiene que ser un profesional de las áreas de la biología o con especialidades en las áreas sociológicas digamos en términos de medio ambiente o de pueblos indígenas, así lo dice el reglamento de áreas protegidas. No podemos entender cómo son puestos asumidos por dirigentes sindicales que son de un grupo de interés sobre la tierra”, dice Gutiérrez.

En un diario local, Mamani se justificó diciendo: “Yo soy del campo, de Potosí, donde tenemos el área protegida Eduardo Avaroa”. En Bolivia hay áreas protegidas en los nueve departamentos, es decir, de donde provienen todos los bolivianos.

Además, organizaciones como Alas Chiquitanas, le señalan por conflictos de interés ya que en 2019 presidía la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos (CSUTCB), una central campesina que ha recibido el 71% del total de tierra fiscal dotada por el gobierno. Gran parte de las que tuvieron procesos irregulares plagados de denuncias de corrupción y cobros ilegales a campesinos.

Meses antes, un medio le consultó sobre las denuncias de contrataciones políticas a miembros de CSUTCB, interculturales, etc. A lo que Mamani respondió: “las sugerencias (de personal) las vamos a tomar en cuenta si son de las organizaciones sociales. Son los hermanos indígenas, interculturales, los hermanos de la Única (CSUTCB). Ellos sugieren y nosotros decidimos a quién nombrar. Eso es lo que se hace”.



El área de explotación de este proyecto minero alcanzaría 25 hectáreas dentro de la Serranía del Sunsas: “La concesión es más o menos tres veces la mancha urbana que tiene Santiago de Chiquitos [una aldea cercana de más de mil habitantes]. Es cómo poner tres pueblos como Santiago dentro del área protegida. Además, la mina es una mina al cielo abierto, que es más dañina”, explica el biólogo Steffen Reichle que estudia la biodiversidad de la zona hace años.

Cuando el cacique de Santo Corazón dice “ya nos cansamos de conservar lo que ven” se refiere a un área protegida de casi tres millones de hectáreas de Pantanal, Cerrado y bosque seco Chiquitano. Aquí viven al menos 600 especies de animales y gracias al equilibrio en la zona se garantiza el consumo de agua de al menos 1,2 millones de personas que viven en la zona de influencia.

 Santo Corazón la comunidad más antigua de la zona y actualmente tiene una población aproximada de 900 habitantes. En el ANMI San Matías existen 26 comunidades indígenas, 22 comunidades son del pueblo indígena Chiquitano. Las otras cuatro comunidades indígenas son del pueblo indígena Ayoreo (TCO Guaye). Si bien la consulta pública que hizo la empresa fue con Santo Corazón, las demás comunidades también sufrirán un impacto, aunque no tan directo. La concesión minera está a 21 kilómetros de Santo Corazón. Y la TCO Guaye está a 100 kilómetros al este.

Un día festivo en Santo Corazón/FotoS: Alejandro de los Ríos


Pobladores de la comunidad indígena Santo Corazón/Fotos: Alejandro de los Ríos

“Según la empresa la retroexcavadora solo trabajará durante cuatro horas diarias. Pero la realidad es que no hay quien supervise que así sea. El proyecto no contempla fiscales de la comunidad y esa es una falla grande. Además, el tráfico de volquetas traerá atropellos de animales y el ruido alejará a la fauna al menos un kilómetro de las fuentes de agua cercanas a la concesión que son vertientes importantes donde los animales toman agua durante la época seca”, indica el biólogo Juan Carlos Catari.

Parabas en su hábitat natural/Fotos: Alejandro de los Ríos

Pedimos entrevistas al viceministro de Medio Ambiente y al director del Sernap. Todos se negaron. No se tienen datos sobre cuántos proyectos mineros están siendo aprobados o rechazados en esta gestión. Después del viaje que hicimos al ANMI San Matías, recibimos mensajes del director del área, Mauricio Morales, donde amenazaba con procesos administrativos si no le mostrábamos el reportaje para que él lo apruebe antes de que sea publicado.

Ante este oscurantismo de la gestión pública, el caso de Mincruz muestra la forma en la que se dan las concesiones mineras de manera irregular y saltando pasos elementales. “El Ministerio de Medio Ambiente dio una licencia ambiental sin que la empresa tenga el Certificado de compatibilidad de uso de suelo, eso va contra la normativa”, dice un funcionario anónimo que trabaja como técnico del Sernap y que denuncia que este no es único proyecto que busca maneras irregulares de ingresar a trabajar en la zona.

“Sabemos que el representante de Mincruz está optimista. Un día vino al Sernap en Roboré y dijo que ya había hablado con el ministro y que este le dijo que espere un poco que pase el alboroto para que le den su permiso. Hay una influencia política y negociaciones que no tienen que ver con la vía regular. Y no hay quien los frene ni los fiscalice porque tiene a todo el personal técnico y de guardaparques intimidados”, agregó la fuente.




Ilustración: Adriana Vega

Contactamos vía telefónica al representante de Mincruz, pero se negaron a responder sobre las denuncias. Visitamos la dirección de sus oficinas y encontramos un domicilio particular donde vive una familia, según vecinos.  Por otro lado, la tarea de cuidar el área protegida recae pesada en los guarda parques: 13 personas para vigilar casi 3 millones de hectáreas. Y la realidad de la que fuimos testigos es dura: cada guarda parque debería recorrer 230 mil hectáreas a pie para poder cumplir con sus trabajos de monitoreo semanal. Ya que no cuentan con vehículos. Comprobamos que el personal del ANMI tiene un cuatrimoto que no funciona hace meses, una camioneta vieja que falla a diario y los deja plantados por horas y sin comunicación alguna.





El Tapir, uno de los animales que habita en el ANMI San Matías/Fotos: Alejandro de los Ríos

Según denuncias hechas por la Asociación de Guarda Parques y Agentes de Conservación (Abolac), el único vehículo con radio base para comunicación y pedidos de auxilio en tareas como frenar incendios forestales o reportar cualquier problema que tiene el área lo usa el director, Mauricio Morales, en sus breves visitas y para su uso personal, pero nunca está al servicio del área.

Esta asociación exige la renuncia del director de Morales y del director nacional, Teodoro Mamani. “La respuesta a estas denuncias han sido amenazas de despidos, cambios de puesto que te obligan a dejar el área que ya conoces y donde vivís con tu familia y una división total de los guarda parques y personal administrativo del Sernap que ahora piensa de que lado estar.”, dice la fuente anónima del Sernap.




Ilustración: Adriana Vega

Y así, entre denuncias de personal amordazado, contrataciones por militancia política, mala gestión y como mínimo negligencias e irregularidades en los procesos de aprobación a concesiones mineras, la riqueza medio ambiental del país se juegan su futuro en la total desprotección.


Aquí un resumen de la investigación en idioma ayoreo para que el pueblo indígena que habita la zona pueda conocer lo que está sucediendo en su propia lengua. Traductora: Julia Chiqueno.


*  Esta historia fue producida gracias al apoyo de Internews y el Earth Journalism Network.



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