Arturo Murillo cae en Estados Unidos; era investigado desde inicios de 2020

La detención del exministro de Gobierno Arturo Murillo y de su exjefe de gabinete Sergio Rodrigo Méndez Mendizábal, está marcada, prácticamente, desde inicios del año pasado. 

La triangulación de una transferencia de $us 5.649.137 realizada el 13 de enero de 2020 desde el Banco Central de Bolivia a la cuenta de Intermediary Company registrada en la ciudad de Tamarac en el estado de Florida y posteriormente enviada a la cuenta de Philip Lichtenfeld, un ciudadano estadounidense radicado en Argentina, activó las alarmas sobre un posible caso de lavado de dinero. Ante la sospecha, un representante del banco estadounidense solicitó a los remitentes bolivianos más información sobre la operación bancaria, que llevaba el rótulo “contrato de gas lacrimógeno”.

Los cuestionamientos del banquero estadounidense fueron respondidos por Sergio Rodrigo Méndez Mendizábal, jefe de gabinete del Ministerio de Gobierno, desde su correo electrónico oficial. El mensaje fue enviado con copia a Bryan Berkman, propietario de la empresa estadounidense Intermediary Company, que actuaba como intermediaria del Gobierno boliviano para la compra de gases lacrimógenos y armas no letales a una fábrica brasileña. 

El problema es que las autoridades bolivianas estaban observadas porque en los últimos tres años, la firma de Brasil había vendido grandes cantidades de armas no letales y agentes químicos a Bolivia. En este caso, se gestionó la actuación de terceros para concretar la compra.

El 29 de enero de 2020 el banco estadounidense rechazó la transferencia que se había hecho, dos semanas antes, desde una cuenta del Banco Central de Bolivia. En esa oportunidad fueron regresados $us 5.649.137, según consta en la investigación del equipo de seguridad del estado de Florida que está plasmada en el documento identificado como Caso 0: 21-mj-06320-AOV e inscrito en el expediente del FLSD 20/05/2021. Había sospecha de lavado de dinero y pago de soborno a funcionarios bolivianos.

Para ese entonces, las autoridades estadounidenses tenían conocimiento de que el equipo requerido bajo el “contrato de gas lacrimógeno” de la empresa brasileña, estaba valuado en $us 3.357.735, lo que dejó a Intermediary Company con aproximadamente $us 2.291.402 de comisión, según revela la investigación.

De acuerdo con las indagaciones de equipos de seguridad del Estado de Florida, de la diferencia que pagó el Gobierno boliviano, al menos $us 582.000 fueron utilizados para entregar un soborno a Sergio Rodríguez Méndez Mendizábal, funcionario del Ministerio de Gobierno y otros $us 20.000 para un funcionario del Ministerio de Defensa, que fue la cartera responsable por la adquisición de los equipos.

La investigación reveló que el esquema de corrupción para la adquisición de los gases lacrimógenos y armas no letales por parte de Bolivia a una fábrica de Brasil, estaba conformado por Sergio Rodrigo Méndez, Bryan Berkman y Luis Berkman, propietarios de la empresa Intermediary Company y Philip Lichtenfeld, que fue contratado como enlace entre los bolivianos y la fábrica de armas no letales de Brasil. Todos ellos, además del exministro de Gobierno Arturo Murillo se encuentran detenidos en Estados Unidos, acusados de lavado de dinero y de soborno a funcionarios públicos. En caso de que resulten declarados culpables, se exponen a una pena de 20 años de prisión.

Indicios

Los investigadores estadounidenses obtuvieron capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp y copias de correos electrónicos de los involucrados en el esquema de corrupción.

En el expediente Caso 0: 21-mj-06320-AOV se identificó un mensaje de WhatsApp que Luis Berkman envió a Bryan Berkman el 4 de enero de 2020, en el que comunica la participación de Philip Lichtenfeld en el esquema. “Philip está con nosotros (tarifa de $us 500K). Te hablaré mañana.”

“Con base en la evidencia recopilada en esta investigación, su declarante cree que Philip Lichtenfeld no solo ayudó a coordinar los pagos de sobornos a Sergio Rodrigo Méndez Mendizábal, y Co-Conspirador 2, pero también ayudó a obtener una ‘garantía’ de pago a la compañía de Brasil para asegurar que haga la primera entrega bajo el contrato de gas lacrimógeno el 10 de enero de 2020, a pesar de que la empresa intermediaria aún no había recibido los fondos del Ministerio de Defensa de Bolivia para realizar el pago”, señala el documento elaborado por el oficial de policía que lideró la investigación.

En la documentación también consta que entre diciembre de 2019 y marzo de 2020 el Ministerio de Defensa intentó, sin éxito, transferir el pago de $us 5.649.137 a la cuenta bancaria de la Compañía Intermediaria en Estados Unidos.

En el mismo expediente también figura un intercambio de mensajes, vía WhatsApp, del 13 de marzo de 2020, en el que Sergio Rodrigo Méndez le envía a Luis Berkman y a Philip Lichtenfeld una captura de pantalla sobre una conversación por mensaje de texto que sostuvo con otro funcionario del Ministerio de Gobierno, con relación a un pago electrónico del Banco Central de Bolivia para la empresa intermediaria. “Concretamente, preguntó Sergio Rodrigo Méndez al otro funcionario si tenía “noticias”.

El otro respondió: “Nada. . . pero son hijos de perras. Ya no me responden. Nos quedan 45 min. Hasta las 6:30. Así que eso [B] Banco [C] Central puede hacer el depósito. Pero Economía (el Ministerio de Economía) no quiere hacerlo.”

Asimismo, en el expediente consta otro intercambio de mensajes, con fecha 21 de marzo, en el que Philip Lichtenfeld discute con la persona identificada como individuo uno, sobre el plan para entregar $us 700.000 en efectivo en Bolivia.

“Ayer mismo me depositaron parte de los aproximadamente $us 700.000 para que yo pueda depositarlos por ti en los EEUU”, señala la conversación que fue anexada en el cuaderno de investigación.

Indicios

De acuerdo con las investigaciones, el esquema de soborno a funcionarios bolivianos y de lavado de dinero, incluyendo al exministro Arturo Murillo, se mantuvo entre noviembre de 2019 y abril de 2020.

Según las autoridades bolivianas, el funcionario del Ministerio de Defensa, que no se identifica en la investigación, sería el exministro Luis Fernando López, que también se encuentra fuera del país días antes de que Jeanine Áñez entregara la Presidencia a Luis Arce, del MAS.

De hecho, según un comunicado del Departamento de Justicia de Estados Unidos, estas coimas se pagaron para que la empresa de los Berkman, con sede en Florida, mantuviese negocios con el Ministerio de Defensa en el marco de una operación cifrada en $us 5,6 millones para la dotación de gases lacrimógenos fabricados por una empresa brasileña.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, recordó que existe en el país un proceso legal contra su predecesor puesto que los gases costaron $us 3,3 millones.

Según este reporte, Murillo es también propietario de una empresa afincada en el sur de Estados Unidos, pero cuya naturaleza no fue precisada en ese informe.

El secretario de Justicia Auxiliar Interino, Nicholas McQuaid, de la División de lo Penal del Departamento de Justicia junto al fiscal para el Distrito del sur de Florida, Juan Antonio González, explicaron ayer que la detención de Méndez fue el 21 de mayo, mientras que Murillo ya estaba bajo custodia desde el 22. Desde entonces, las autoridades judiciales pusieron a Murillo en el estatus de “Pre-Trial Detention”, que es como detención preventiva o previa al juicio.

Una fuente boliviana, próxima a las investigaciones, dijo ayer a EL DEBER que hubo “una coordinación técnica” con Estados Unidos en el marco de una ley de ese país para contrarrestar el lavado de dinero y la conspiración para delinquir. De acuerdo con esa normativa, Murillo y sus socios ahora están expuestos a penas carcelarias de hasta 20 años, pero en Estados Unidos ya fue formalizado por recibir sobornos “que fueron pagados, precisamente, por una empresa estadounidense para asegurar un contrato con el gobierno boliviano y luego utilizar el sistema financiero estadounidense para lavar ese dinero”.

Ante este escenario, Del Castillo, oficializó la decisión del Gobierno de tramitar la extradición del exministro.