Asamblea abrogó el decreto de amnistía que beneficiaba a masistas por los conflictos de 2019

La Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó por unanimidad la abrogación del Decreto Supremo 4461, emitido por el presidente Luis Arce, que concedía amnistía e indulto a los militantes del MÁS involucrados en los hechos violentos ocurridos entre octubre y noviembre de 2019 tras las fallidas elecciones generales de ese año.

El referido decreto fue cuestionado por el Grupo Independiente de Expertos Internacionales (GIEI), dependiente de la CIDH, que investigó el caso. 

El presidente Luis Arce envió el 26 de agosto una nota en la que remitió -en aplicación al numeral artículo 172 de la CPE- un nuevo decreto presidencial que abroga el 4461 de amnistía e indulto del 2 de febrero de este año, "por lo que solicitó que se proceda de acuerdo al trámite pertinente para su aprobación".

Posteriormente, la secretaria de la Asamblea leyó el decreto 4571, que en un párrafo abrogó la amnistía e indulto contenida en 4461. Además, puso en consideración el proyecto de resolución que fue el que, al final, fue aprobado mayoritariamente por la Asamblea para anular el indulto.

Choquehuanca abrió entonces el debate, que no duró más de una hora.  La oposición señaló que esa es una admisión de que se promulgó un decreto de impunidad en favor de afines al MAS y tuvo que ser el GIEI la instancia que hiciera retroceder al Gobierno.

Por su parte, el MAS dijo que fue "para garantizar los derechos, las libertades, las garantías y los principios constitucionales vulnerados por un gobierno de facto".

La senadora de Comunidad Ciudadana (CC), Andrea Barrientos, se dirigió a Choquehuanca y le recordó que hace casi un año le pidieron que "no se apruebe un decreto presidencial de la impunidad, que no se permita que exista en Bolivia una diferenciación entre ciudadanos de primera, segunda y tercera categoría. Bolivianos que tienen acceso a la justicia y otros que no".

Lamentó que el MAS hiciera caso omiso a la oposición, tras una investigación internacional y tras una recomendación  de la Defensoría del Pueblo "se ven obligados a retroceder, pero tras provocar daños irreparables. Gobernar en democracia implica un diálogo activo, la posibilidad de complementarse, lamentablemente la actitud de esta Asamblea es inadmisible". 

Manifestó que los opositores están de acuerdo con la abrogación. "Por ello, solicito que no se permitan las arbitrariedades del Ejecutivo, que las leyes se socialicen, que el pueblo sea el que reconozca y demande sus necesidades y que no sea el Gobierno, con un grupo de puestos a dedo, el que ponga una agenda de terror".

Posteriormente, tomó la palabra el diputado Carlos Alarcón, jefe de bancada de CC en Diputados, quien hizo una reseña de las sugerencias del GIEI.

El grupo de expertos tomó nota de la edición del Decreto Supremo 4461, del 18 de febrero de 2021, y mencionó partes de ese documento. Por ejemplo: "El GIEI evalúa que, desde un punto de vista material, una amnistía o indulto puede interferir negativamente en la obtención de la verdad y la promoción de justicia".

Luego sostiene que "la amnistía no es, en principio, un buen instrumento" porque la considera como “una medida asociada a la impunidad y a la obstrucción del esclarecimiento de la verdad y puede ser inadecuada para atender a la finalidad de revisar la situación de personas procesadas sin respeto a su derecho al debido proceso legal. Como se señaló previamente, el uso abusivo de imputaciones por terrorismo y sedición y la arbitrariedad en la detención preventiva evidenciaron un ejercicio de la acción penal con fines políticos durante de los hechos de 2019.”

El asambleísta también leyó la parte del informe en el que el grupo advierte que "hubiera sido más justo y eficiente que las autoridades competentes realizaran una revisión completa, exhaustiva e imparcial de los procesos penales iniciados, con la finalidad de evitar o corregir injusticias, examinando caso por caso con base en criterios estrictamente jurídicos". 

De esa forma, dice el informe, se podrían haber corregido abusos en la criminalización y persecución política disfrazada de investigación y procesamiento de delitos, mientras se preservaba el derecho de las víctimas de hechos violentos a que se les haga justicia. "Una medida de esa naturaleza contribuiría a prevenir la recurrencia del uso de la persecución criminal para fines políticos. La amnistía, al contrario, tiene una perspectiva de olvido de la persecución indebida, camino que suele conducir a repetición".

Alarcón remarcó que cuando se discutía el decreto que fue abrogado, "señalamos que iba a ser una derrota política porque era un decreto de impunidad, donde unos ciudadanos afines al gobierno tienen el privilegio de eludir la justicia y otros entren a la guillotina. Esto ha quedado confirmado, en las conclusiones más relevantes del GIEI", aseveró.

Juanito Angulo, diputado del MAS, consideró muy importante considerar el tratamiento del decreto. "Se aprobó en esta gestión, fue para garantizar los derechos, las libertades, las garantías y los principios constitucionales vulnerados por un gobierno de facto, inconstitucional, que persiguió, mató e hirió. El 2019 no tuvimos un gobierno constitucional, y ese decreto era importante para ese momento".

Reiteró, como otros de sus colegas, que se violaron los derechos y las garantías de la población, hubo afectación a la vida, a la integridad, a la libertad. "Hubo 38 muertos con ejecuciones extrajudiciales y arbitrarias, tenemos personas lesionados con secuelas, con discapacidades graves y gravísimas que nos dejaron. Son 861 personas afectadas".

Mencionó que más de 1.531 personas que sufrieron la violación al ser arrestadas y perseguidas . "El decreto que abrogamos fue utilizado para restablecer sus derechos. No es por encubrir, se interpreta de mala fe, sino por mala justicia”, admitió.

Recomendó al Estado y a la sociedad, "que se debe llegar a la verdad, la justicia y reparar a los afectados. En ese contexto, esta recomendación importante está reflejada en este nuevo decreto supremo y por eso lo apoyamos", dijo.

Verónica Aguilera, de Creemos, manifestó que  llama mucho la atención que según el canciller y la directora nacional de defensa pública manifestaron por separado que "ni un solo político hoy oficialista se hubiera beneficiado con este decreto", esa fue una de las promesas electorales de Luis Arce. Por lo tanto, es una derrota para el MAS. 

Como bancada de Creemos dijo que se presentaron varias peticiones de informe escrito para saber cuántas personas se acogieron y beneficiaron realmente con este decreto presidencial. Informe pormenorizado. 

Según la versión del partido oficialista, en 2019 no hubo un gobierno constitucional.