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La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) aprobó el informe final de la comisión de investigación sobre la compra irregular de material no letal y el documento fue remitido la Fiscalía General del Estado (FGE) para que inicie acciones legales contra los ministros de Gobierno, Arturo Murillo; de Defensa, Fernando López;  de la Presidencia, Yerko Núñez; el exministro de Economía, Óscar Ortiz y el presidente de la Aduana, Waldo Ramos Jurado.


“Se han presentado pruebas de las irregularidades en la licitación, por esas irregularidades estamos mandando (el informe) para que hagan las investigaciones correspondientes en las instancias mencionadas”, dijo la presidenta del Senado, Eva Copa.


El informe fue remitido a la fiscalía de La Paz, Contraloría General del Estado (CGE);  Procuraduría General del Estado (PGE) y Fiscalía General del Estado (FGE) que deben investigar e instaurar los correspondientes procesos.


La fiscalía paceña debe ampliar las investigaciones del caso denominado gases lacrimógenos “conforme a los hechos analizados en el presente informe”, refiere el documento que hizo una descripción del proceso que primero pasó por la empresa proveedora Cóndor y luego por una intermediaria, Bravo Tactical Solution. Los legisladores hicieron énfasis en ese aspecto.


A la CGE, la Asamblea demandó realizar las auditorías como parte de esta investigación, “debiendo emitir el informe oportuno en el plazo establecido por ley”, señala el documento. Aunque la Contraloría informó que se está realizando una auditoría al proceso y por esa razón su representante no fue a declarar a la comisión.


En el caso de la PGE, la Asamblea cree que debe realizar acciones legales y el dictamen correspondiente “para defender los más altos intereses del Estado”. El exprocurador, José María Cabrera, se presentó ante dicha comisión mientras estuvo en el cargo.


Finalmente, la Asamblea decidió enviar el documento a la FGE porque los acusados, tres ministros, el exministro Óscar Ortiz y el presidente de Aduanas, omitieron responder a los requerimientos realizados por la comisión.


El procurador


 Copa dijo que también se presentó un proyecto de resolución que observa  la designación del actual procurador general del Estado, Alberto Javier Morales, quien habría patrocinado casos contra el Estado antes de su designación. La resolución fue aprobada sin mayores trámites. 


La pugna Legislativo-Ejecutivo por este caso se remonta al 21 de septiembre cuando la presidenta del Estado, Jeanine Áñez, posesionó a Morales como procurador en reemplazo de José María Cabrera. Morales empezó a hacer públicas acusaciones contra Luis Arce, su familia y exministros del Gobierno de Evo Morales.


Entonces la Asamblea objetó su designación el 6 de octubre y pidió su destitución; dos días después Morales presentó su renuncia al cargo, aunque negó tener conflicto de intereses con el Estado. Una semana después, el 14 de octubre, la presidenta volvió a posesionar a Morales en el mismo cargo; han pasado 12 días y la Asamblea una vez más desconoció su mandato en otro episodio de la pugna entre los dos poderes del Estado.