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La Asamblea Legislativa resolvió, a las 20:40, aprobar el informe de la comisión especial que investigó el caso Sacaba-Senkata. Este documento recomienda iniciar un juicio de responsabilidades contra de la Presidenta Jeanine Áñez por una decena de delitos.


Asimismo, la comisión autorizó iniciar seis procesos penales contra 11 ministros de Estado y siete oficiales de las FFAA y la Policía. Al final recomendó la destitución de la fiscal Departamental de Potosí, por no investigar las denuncias de los hechos en Betanzos.


“Recomienda juicio de responsabilidades a la Presidenta transitoria del Estado Plurinacional Jeanine Áñez Chávez por los delitos de: resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes, genocidio, asesinato, asesinato en grado de tentativa, lesiones graves, lesión seguida de muerte, asociación delictuosa, privación de libertad, desaparición forzada de personas, por los hechos luctuosos ocurridos en el puente Huayllani, Sacaba-Cochabamba y la planta de Senkata, El Alto”, señala el artículo segundo del informe de la comisión especial.


No obstante, la presidenta de la Asamblea saliente, Eva Copa, dijo los legisladores electos deben tomar la decisión final de si Áñez va a juicio de responsabilidades y recordó que se requiere 2/3 de la votación para que eso ocurra. El MAS ya no tiene fuerza política para autorizar el proceso; mientras desde el Ejecutivo informaron que este informe fue aprobado violando el derecho a la defensa de todos los acusados y podrán demandarlo de ilegal.

En el artículo tercero se recomienda un segundo juicio contra la Mandataria, pero esta vez sería juicio ordinario para ella y los 11 ministros que firmaron el decreto 4078 que autorizó la salida de las FFAA y los liberó de sanciones penales, llegado el caso.


Los 11 ministros enjuiciados serían: Karen Longaric Rodríguez, Jerjes Enrique Justiniano Atalá, Arturo Carlos Murillo Prijic, Luis Fernando López Julio, José Luis Parada Rivero, Álvaro Rodrigo Guzmán Collao, Yerko Núñez Negrete, Álvaro Eduardo Coímbra Cornejo, María Elva Pinckert de Paz, Mauricio Samuel Ordoñez Castillo, Roxana Lizarraga Vega, por la firma del decreto 4078, los delitos son: incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.

 

Pero al margen de este proceso, la comisión también recomendó iniciar un proceso penal en contra de los ministros de Gobierno, Arturo Murillo y de Defensa, Fernando López Julio por nueve delitos, genocidio, asesinato, asesinato en grado de tentativa, lesiones graves, lesión seguida de muerte, asociación delictuosa, privación de libertad y desaparición forzada de personas, por los sucesos en el puente Huayllani, Sacaba-Cochabamba y la planta Senkata, en El Alto.


Militares y policías


Los siguientes cuatro artículos de las conclusiones recomiendan juicios contra altos jefes militares y policiales que estuvieron esas jornadas en tereas de comando. De ese modo se recomienda juicio ordinario a Jaime Zurita Trujillo comandante de la policía departamental de Cochabamba y Alfredo Cuéllar comandante de la guarnición militar de Cochabamba por los delitos de: asesinato, asesinato en grado de tentativa, lesiones graves, lesión seguida de muerte, privación de libertad y desaparición forzada de personas.


También pidió llevar a juicio ordinario al exdirector nacional de la Felcc, Coronel Iván Rojas del Carpio, que en ese entonces fungió como comandante departamental de la Policía, también al coronel Franco Orlando Suárez González, comandante de acción conjunta. Los delitos serían: genocidio, asesinato, asesinato en grado de tentativa, lesiones graves, privación de libertad y desaparición forzada de personas.


En el artículo séptimo recomiendan enjuiciar al ex Comandante en Jefe de las FFAA, General Williams Kalimán Romero por el delito de asesinato, en el artículo octavo, piden abrir juicio ordinario contra el general Rodolfo Antonio Montero, “por haber asumido el cargo de Comandante de la Policía un día antes de los hechos suscitados en Puente Huayllani y a Sergio Carlos Orellana Centellas, Comandante de las FFAA en virtud de haber sido posesionado el 10 de noviembre antes de los sucesos acaecidos en el puente Huayllani así como la planta de Senkata”, señala el informe.


En total serían seis juicios ordinarios y un juicio de responsabilidades contra la Presidenta. Los casos fueron derivados a la Fiscalía General del Estado (FGE), La Procuraduría General del Estado (PGE) y la Contraloría que deben proseguir con las investigaciones y abrir procesos.