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Pese a identificar irregularidades en el proceso de adjudicación y compra de las 41 ambulancias para el departamento de Potosí, la directiva de la Asamblea Departamental decidió que el gobernador Jhonny Mamani no tiene ninguna responsabilidad, pero sí culparon a la empresa y a los funcionarios que participaron en todo el proceso.

“Hasta ahora no se ha encontrado nada, pero falta documentación que nos deben entregar (…). El que comete delito es inocente mientras no se demuestre su culpabilidad y el que demuestra eso es el Ministerio Público ahí se va a ver por dónde ha sido su participación”, dijo el presidente de la Asamblea de Potosí, Marcial Ayali Villca, en contacto con los medios de comunicación cuando le preguntaron si se había encontrado responsabilidad en el Ejecutivo.


El 14 de enero EL DEBER publicó la denuncia sobre la irregular adquisición de 41 ambulancias que fueron encargadas por el gobernador. Los vehículos nunca llegaron; sin embargo, hay documentos que dan fe de la entrega de los mismos. Mamani defendió el proceso y dijo que todo fue transparente.


Ahora, los asambleístas de la directiva realizaron su propia investigación, según Ayali Villca. Ellos pidieron información al Ejecutivo la mañana del miércoles y en la noche ya tenían sus conclusiones en las que reconocieron que hubo irregularidades a lo largo de todo el proceso.


“Primero, incumplimiento de requisitos; segundo, incumplimiento de las normas básicas de contratación de bienes y servicios; tercero mal cálculo de los precios referenciales para la adquisición de las 41 ambulancias; cuarto, la suscripción de una resolución de ampliación de plazo que solo beneficia a la empresa Estefals Logistics; quinto, el informe de calificación no registra el total de firmas de la comisión; sexto, debió realizarse la entrega de las 41 ambulancias el 5 de enero hecho que no sucedió” enumeró el asambleísta Marcial Ayali.


De ese modo dijo que los que deben ser procesados son los funcionarios que participaron de todo el proceso y llevaron a una firma errónea a la máxima autoridad de la región.


“Iniciar las acciones administrativas legales contra la empresa conforme corresponda, así como a los servidores públicos encargados de los procesos de contratación con dicha empresa queremos recalcar que no pueden existir funcionarios que hagan cometer este error”, aseveró.


De acuerdo con los documentos legales de esta compra, fueron 11 funcionarios subalternos que participaron a lo largo de todo el proceso, desde la secretaria jurídica de la Gobernación hasta los médicos y asistentes que participaron de la “comisión de recepción” de las 41 ambulancias.


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