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La mayoría del MAS en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) objetó por segunda vez la designación del Procurador General del Estado, Alberto Javier Morales, por no cumplir con los requisitos de la ley.

Eva Copa, presidenta del Senado, dijo que el Ejecutivo debe destituirlo y buscar a otra persona que ocupe el cargo, tal como sucedió la primera vez, hace menos de dos semanas, cuando fue nuevamente posesionado por Jeanine Áñez.

“Se ha observado la designación del Procurador porque él viola la Ley, ya que ha patrocinado muchos procesos en contra del Estado (…) El procurador tiene que ser destituido porque no cumple con los requisitos que tiene la ley de la Procuraduría, y serán los nuevos mandatarios quienes tienen que designar a otra persona en este cargo tan importante”, sostuvo la titular de la Cámara Alta.

De acuerdo a la Ley 064, “Ley de la Procuraduría General del Estado”, en su artículo 12, parágrafo 10 establece que, para poder ejercer el cargo de Procurador, la persona designada o por designar “no debe haber tenido ni patrocinado procesos judiciales y acciones en contra del Estado durante los últimos cinco años anteriores a su nombramiento” y los diputados y senadores objetan que Morales interpuso una acción en contra del Estado y la patrocinó como abogado hasta después de la finalización de esta, en fecha 14 de enero de 2016, mediante la Sentencia Constitucional Plurinacional 0061/2016-S1, incumpliendo el requisito mencionado.  

La primera vez que la ALP resolvió objetar la designación de Alberto Javier Morales, fue en la sesión efectuada el 6 de octubre de este año, con más de dos tercios de los votos, pero fue restituido en sus funciones una semana después.

De acuerdo al artículo 230 de la Constitución Política del Estado (CPE), la designación del procurador General del Estado corresponderá a la presidenta o al presidente del Estado. La persona designada debe cumplir con los requisitos exigidos para la Magistratura del Tribunal Supremo de Justicia.

Asimismo, establece que la designación podrá ser objetada por decisión de al menos dos tercios de los miembros presentes de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en un plazo no mayor a sesenta días calendario desde su nombramiento. La objeción tendrá por efecto el cese en las funciones de la persona designada.

Morales fue designado como procurador el 21 de septiembre, en reemplazo de José María Cabrera, este último denunció que el Ministro de Gobierno, Arturo Murillo pidió que se lo destituyera por oponerse a algunas decisiones del Gobierno.

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