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La Asamblea de la OEA rechaza los cortes de ruta como presión política

Jueves, 25 de junio de 2026 a las 06:35
El canciller Aramayo ante el pleno de la Asamblea de la OEA durante la última sesión en Panamá. Foto: EFE

Una misión de cancilleres y ministros de Defensa de países aliados, entre ellos de EE.UU., visitará Bolivia en breve para conocer los efectos de los bloqueos. El canciller Aramayo expuso la situación del país ante sus pares del hemisferio

La crisis por la que atravesó Bolivia dejó de ser vista únicamente como un conflicto interno. En la 56ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que concluyó ayer Panamá, cancilleres y representantes de países aliados de Bolivia respaldaron al gobierno de Rodrigo Paz y rechazaron “los bloqueos prolongados” como mecanismo para forzar cambios o quebrar el orden constitucional.

En ese contexto, se prevé que una misión de ministros de exteriores y de defensa visiten el país en breve. “Recibimos con gratitud la decisión de avanzar hacia una misión de cancilleres y ministros que contribuya a fortalecer la cooperación regional frente a amenazas que afectan a todo el hemisferio”, afirmó el canciller Fernando Aramayo luego de agradecer por la solidaridad demostrada por varios países ante la crisis del país.

“Los bloqueos dejaron de ser un mecanismo de presión para el diálogo y pasaron a operar como un instrumento para paralizar al país”, afirmó el jefe de la diplomacia. Aramayo sostuvo que durante más de siete semanas se afectó la circulación de personas, el transporte, la actividad económica y el acceso a alimentos, combustibles, medicamentos y oxígeno. Defendió la decisión inicial del Ejecutivo de privilegiar el diálogo y evitar una escalada de violencia, pero advirtió que una democracia tampoco puede aceptar que las diferencias políticas se impongan con la coerción territorial y vulneración de derechos de terceros.

El planteamiento boliviano encontró respaldo explícito. El vicecanciller paraguayo Víctor Verdún expresó el “apoyo irrestricto” de su país al Gobierno “legítimamente electo” de Paz frente a “intentos sistemáticos de desestabilización”. El canciller argentino Pablo Quirno rechazó “toda acción orientada a alterar el orden constitucional y la institucionalidad” y sostuvo que la defensa democrática exige apoyo a las autoridades constituidas cuando son sometidas a presión.

Desde Chile, el canciller Francisco Pérez Mackenna llamó a la región a tener “la valentía de condenar cualquier intento de desestabilización de las democracias”. Señaló que no se debe confundir la protesta legítima con acciones que generan violencia, pobreza y confusión, y recordó que su país envió dos vuelos de ayuda humanitaria a Bolivia.

La posición no surgió únicamente en la plenaria. Un día antes, Estados Unidos, Bolivia y Argentina convocaron el encuentro Bolivia: Protecting Representative Democracy from Violent Disorder, con la participación del subsecretario de Estado Christopher Landau, Aramayo, Quirno y el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En esa reunión se expuso el impacto humanitario de los cortes y se reafirmó que la protesta pacífica está protegida por el sistema interamericano, pero no los hechos violentos ni los bloqueos prolongados que ponen en riesgo la vida de terceros o impiden el acceso a alimentos, medicamentos, combustibles y servicios esenciales. El pronunciamiento dio continuidad al comunicado del denominado Escudo de las Américas, cuyos integrantes denunciaron previamente los esfuerzos para derrocar al Gobierno de Paz y condenaron los cortes que impedían la distribución de alimentos, medicinas y otros suministros vitales.

Aramayo también introdujo una dimensión regional cuando advirtió que los periodos prolongados de conflictividad pueden ser aprovechados por redes del crimen organizado. Aclaró que no existen pruebas judiciales concluyentes sobre una participación directa de estructuras criminales en los hechos recientes, pero consideró necesario analizar la crisis dentro de un escenario más amplio de debilitamiento institucional, desinformación y economías ilícitas.

Al término de la asamblea, la OEA no había emitido una resolución sobre el país. Esto fue atribuido a la falta de personal diplomático designado para este fin.

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