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La Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) inició este 1 de enero el control del carnet de vacunación contra el Covid-19, además de la prueba PCR, en las diferentes terminales terrestres y aeroportuarias de Bolivia.

El Gobierno nacional, a través del Decreto Supremo 4641, dispuso que el carnet de vacunación se convierta en un documento oficial para que sea presentado en cualquier institución pública o privada, caso contrario, se debe contar con una prueba PCR, de 48 horas de vigencia.

El director técnico sectorial de Transporte de la ATT, Juan Manuel Chevarría, dijo que, en un primer control realizado en la Terminal de Buses de La Paz, pudieron encontrar a 10 personas sin el certificado de vacunación.

“Han sido muy pocas que no tenían carnet de vacuna y tampoco la prueba PCR, por lo tanto, no se les ha permitido que puedan ingresar (a la Terminal). Pero en la mayoría de los casos se ha visto personas que tienen el carnet”, dijo el funcionario estatal.

Similar situación se vio en la Terminal Bimodal, donde los funcionarios de la terminal terrestre realizaron el respectivo control. El administrador de la misma, Mario Pérez, informó que en el caso de que la persona no se haya inmunizado contra el coronavirus, se estará habilitando un punto de vacunación en la misma terminal.

Sectores se oponen

La Federación Departamental de Maestros de Educación Rural La Paz (FDMERLP) es uno de los sectores que rechaza la portación del documento de vacunación y lo hizo conocer a través de un comunicado, señalando que el DS 4641 es una “coerción arbitraria e ilegal” por parte del Ministerio de Salud, en contra de la sociedad civil.

También rechazan la prohibición de asistir a los lugares públicos y privados a las personas que no cuenten con el carnet de vacuna, porque se estaría atentando en contra de los derechos y garantías constitucionales. 

A su vez ratificaron el artículo 44 de la Constitución Política del Estado (CPE), que establece que “ninguna persona será sometida a intervención quirúrgica, examen médico o de laboratorio sin su consentimiento”, y como también el artículo 15 de la Ley 1359, que señala que “la inmunización tendrá carácter voluntario y se aplicará previo consentimiento”.

Finalmente, apoyaran al vicepresidente del Estado, David Choquehuanca, “por su decisión y rechazo a las vacunas”.

En tanto, la exdiputada por el MAS, Lidia Patty, informó que presentó al Ministerio de Salud una solicitud para que los médicos tradicionales puedan certificar a las personas que han curado contra el Covid-19.

“En 2020, muchos nos hemos curado con las plantas tradicionales porque no había vacunas, (…) se está coartando el derecho de nuestro hermano vicepresidente (David Choquehuanca), por eso queremos agilizar la certificación a nuestros médicos kallawayas”, dijo Patty.

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