La defensa del exgeneral Juan José Zúñiga denunció presuntas vulneraciones a sus derechos durante su detención en el penal de El Abra, en Cochabamba. Anunció que solicitará una inspección para verificar las condiciones en las que permanece recluido. Además, ratificó que pedirá nuevamente su libertad en las audiencias programadas para la próxima semana.
"Esta denuncia, que es una denuncia pública, también queremos que sea entendida y comprendida por la población, porque nadie puede ser tratado de la manera en que está siendo tratado un ser humano. Nos dijeron que esto era un golpe de Estado y, por lo tanto, el Estado tendría que ser el primer interesado en demostrar que así lo es, pero es el Estado el que está obstaculizando a través del régimen penitenciario, es el Estado el que está poniendo el freno a este proceso", señaló el abogado Eduardo León, defensa de Zúñiga, a APG.
Según el jurista, este miércoles formalizaron una solicitud para que autoridades puedan constituirse en el penal y constatar el trato que recibe el excomandante del Ejército. León sostuvo que, si el proceso corresponde a un presunto intento de golpe de Estado, el propio Estado debería garantizar la transparencia del juicio y no obstaculizarlo.
La defensa aseguró que existen intereses que buscan impedir que Zúñiga comparezca personalmente ante el tribunal.
"Es importante que este proceso tenga garantías porque ni siquiera la vida del señor Juan José Zúñiga tiene garantías. Al mismo tiempo, hemos podido ver que, al margen de que no tiene garantías, existen fuerzas ocultas que están evitando que el señor Zúñiga venga aquí, que no venga a dar su palabra, que no se someta al juicio y que no pueda declarar. Aquello responde a que existen grupos que han organizado estos actos y que están evitando que esto se aclare de una manera legal", apuntó.
Tras no haber podido realizar la audiencia de cesación de la detención preventiva para Zuñiga, el abogado confirmó que el Tribunal convocó audiencias para el 13, 14 y 15 de julio, desde las 08:30, en el Salón Rosado del Tribunal Departamental, donde el exgeneral deberá ser trasladado desde el penal de El Abra.
"Vamos a mantener aquello, vamos a pedir que se trate además la libertad del señor Juan José Zúñiga y así proseguir con el proceso que nos dispone", finalizó.
Antecedentes
La defensa del exgeneral Juan José Zúñiga denunció que el excomandante del Ejército no fue trasladado para la instalación del juicio por el 'caso 26 J' y afirmó que sus derechos son vulnerados dentro del penal de El Abra, en Cochabamba, debido a las restricciones para recibir visitas de sus familiares. La denuncia fue presentada por su abogado, Eduardo León, junto con la esposa del militar.
Este miércoles, Zúñiga tenía prevista una audiencia de cesación de la detención preventiva, con la que buscaba obtener su libertad. El ex jefe militar cumplió el pasado 26 de junio dos años recluido de manera preventiva en el penal de El Abra.
Zúñiga es el principal investigado por el presunto "intento de golpe de Estado" del 26 de junio de 2024, cuando un contingente militar llegó hasta la plaza Murillo, en La Paz, en una acción que buscaba "desafiar" al gobierno del entonces presidente Luis Arce.
Ese mismo año, la Justicia formalizó la acusación en su contra por los delitos de alzamiento armado y terrorismo. Además, determinó mantener su detención preventiva al considerar que persistían riesgos procesales que justificaban su permanencia en la cárcel.
De manera paralela, el entonces presidente Luis Arce fue objeto de críticas y de acusaciones de un supuesto "autogolpe", una versión impulsada por sectores de oposición que sostenían que los hechos habrían buscado fortalecer la imagen del Gobierno.
Al cumplirse dos años de los acontecimientos, el pasado 26 de junio, Zúñiga difundió una carta en la que hizo referencia a lo sucedido en la plaza Murillo. Sin entrar en detalles sobre aquella jornada, escribió: "Aquel día quedó al descubierto el poder de un tirano, que junto a sus principales autoridades, condujo al país hacia una profunda crisis política, económica y social, creyéndose dueños de Bolivia (...) Podrán encarcelar nuestros cuerpos, pero jamás encarcelarán el honor de un soldado", escribió.
La defensa del exgeneral sostiene que los riesgos procesales que motivaron su detención ya fueron desvirtuados y solicita que continúe el proceso en libertad. La Fiscalía y el Tribunal deberán resolver si mantiene la detención preventiva o si le conceden medidas sustitutivas.