La Defensoría del Pueblo presentó este lunes el resultado de un monitoreo que realizó a la conflictividad social generada en el país durante el primer trimestre de la gestión 2026.
“Este reporte advierte que la cantidad de conflictos sociales se incrementó de manera significativa en temas vinculados al ámbito económico a diferencia de los conflictos reportados en el último trimestre de la gestión 2025, particularmente referidos con el abastecimiento y calidad de combustibles, la estabilidad laboral y las medidas fiscales adoptadas por el nivel central del Estado”, señala el documento publicado por la Defensoría.
De acuerdo con el detalle de la información, en los primeros tres meses del año, la Defensoría registró “un total de 176 eventos de conflictividad”, de los cuales “157 corresponden a conflictos activos” y 19 a solo anuncios de conflictos.
De los 157 conflictos, 47 se reportaron en el departamento de La Paz; 28 en Santa Cruz; 19 en Cochabamba; 15 en Potosí; 12 en Beni; 11 en Pando; 8 en Tarija; 7 en Oruro; y 10 en Chuquisaca.
Además, de los 157 conflictos registrados, la Defensoría “realizó intervenciones en 119 hechos”, es decir, en el 75% de los casos.
“Del total de 157 conflictos, la medida de presión más utilizada por los actores demandantes fue el ‘bloqueo’ con 60 registros. Esta modalidad se posiciona como el principal mecanismo de protesta, para visibilizar demandas y ejercer presión sobre las autoridades”, indica el reporte.
Otras medidas de presión más frecuente fueron los paros (23), marchas (21), vigilias (12), toma de instituciones (12) y los mítines de protesta (10). Asimismo, en menor proporción, se registran enfrentamientos (7), huelga de hambre (6) y la declaratoria de estado de emergencia (6).
“La recurrencia por tipología de los 157 eventos conflictivos, muestra que las principales demandas se relacionan con la calidad del combustible (29) y la gobernanza (27)”, seguida de demandas político electorales, entre otros.