Autoridades en Tarija repudian la aprehensión violenta del gobernador Luis Fernando Camacho
La primera autoridad del departamento de Santa Cruz fue trasladada hasta la ciudad de La Paz la tarde de este miércoles
Las principales autoridades de Tarija manifestaron su repudio contra la aprehensión del gobernador Luis Fernando Camacho, que se registró la tarde de este miércoles de manera violenta cuando éste se trasladaba hacia su domicilio en la capital cruceña.
En la capital chapaca los líderes cívicos y representantes de instituciones públicas reaccionaron con indignación por la violencia de efectivos de la Policía contra una autoridad electa.
El alcalde de Tarija, Johnny Torres Terzo, pidió al Gobierno Nacional cumplir el estado de derecho y el respeto a las garantías constitucionales de los ciudadanos. Asimismo, la autoridad edil exhortó al pueblo cruceño paz y tranquilidad en este momento tan difícil tras la detención del gobernador Luis Camacho.
"Lamentamos profundamente su detención y en las horas decisivas vamos a pedir a los Ministerios de Justicia y de Gobierno que se nos informe debidamente. También nos vamos a comunicar con todos los alcaldes que componen la Asociación de Municipalidades de Bolivia (AMB) para hacer una interconsulta y podremos ver qué pasa", aseveró Torres.
El vicepresidente del Comité Pro Intereses, Marco Guaygua, lamentó el accionar de esta manera del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, para apresar a la autoridad electa de Santa Cruz aprovechando las festividades de fin de año y como si estuviera en una dictadura.
No descartó que el directorio de la institución cívica se reúna de emergencia en las próximas horas para emitir un pronunciamiento respecto a este caso.
Para el director cívico, Jesús Gira, es una injusta e ilegal aprehensión de Camacho que no se enmarca en la Constitución Política del Estado (CPE) y no respeta sus garantías constitucionales.
A su criterio, esta es una mala señal para el sistema democrático en el país y que hay necesidad de unir fuerzas para frenar la persecución que pretende aplicar el Gobierno contra líderes de la oposición con fines electoralistas.
El diputado de Comunidad Ciudadana, José Luis Porcel, dijo que es un nuevo atropello no solo a la Constitución Política del Estado (CPE), sino también a la institucionalidad de una autoridad electa por voto popular. "Si querían detenerlo debían acusarlo en Santa Cruz y no en otra ciudad. No se justifica de ninguna manera la violencia para su aprehensión y esto puede provocar problemas, pero muy complicados", manifestó Porcel.
