La decisión de la Sala Constitucional Segunda de La Paz ordenó a los bloqueadores cesar en sus medidas de presión. También instruyó al Gobierno buscar las formas de levantar esos bloqueos en la sede de Gobierno principalmente. Una decisión que reparte responsabilidades a ambas partes.
“La justicia está ordenando a todos los movimientos sociales que tienen que levantar sus bloqueos, que, si los bloqueos impiden el paso de alimentos, de medicamentos, de personas, son ilegales e inconstitucionales; y ordena también al gobierno que tienen que buscar los mecanismos para levantar los mismos, que sean pacíficos, de diálogo o en caso de seguir persistiendo los bloqueos, tienen que individualizarse los delitos”, dijo Amilcar Barral que fue el accionante de esta acción popular.
Los bloqueos sobre la sede de Gobierno ya llevan dos semanas y toda la ciudadanía sintió sus efectos en la carencia de alimentos y falta de combustible, además de los precios de otros productos. Ante la inercia del Gobierno y la tozudez de los bloqueadores el exdiputado presentó una acción popular para lograr desbloquear las rutas.
En la audiencia virtual estaban los accionados, el secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, el senador suplente, Nilton Condori y la dirigencia de la Csutcb, cuyos abogados realizaron la defensa y justificativo de las medidas de presión.
Todas las vías de acceso, desde y hacia la ciudad de La Paz están cerradas y empezó a extenderse a los departamentos de Oruro y Potosí, donde el evismo tiene fuerte influencia; mientras que, en Cochabamba, la región fuerte de Morales, las medidas no son contundentes y hay conexión vial con Santa Cruz y Chuquisaca.
Hasta el momento, el Gobierno apostó a la negociación como forma de solución de cada sector que reclamaba, pero no atacó el principal problema, que es el bloqueo en las provincias y las carreteras troncales. Este viernes se sumó un nuevo punto de bloqueo a la salida de la ciudad de La Paz, impidiendo de ese modo, el paso al aeropuerto internacional de El Alto.