La Fiscalía Departamental de La Paz confirmó que la aprehensión de Vicente Salazar, el dirigente de la Federación de Campesinos, "Túpac Katari", quien fue capturado por la Policía en el marco del proceso que inició a denuncia del ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, por los bloqueos registrados en el país, entre mayo y junio de la presente gestión.
Recordemos que el Ministerio de Gobierno presentó una denuncia por terrorismo contra Salazar, el ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo; el senador de PDC, Nilton Condori y otros dirigentes, en relación a los bloqueos y hechos violentos protagonizados por los grupos afines a Evo Morales y la Tupa Katari.
El presidente Rodrigo Paz y el ministro Oviedo afirmaron que dichos bloqueos eran financiados por una organización del narcotráfico y aseguraron que se darían con los responsables. En el caso de Salazar, es uno de los dirigentes que se negó a dialogar con el Gobierno y solo levantó las medidas de presión luego de que se emitió el estado de excepción.
Los bloqueos que afectaron principalmente al departamento de La Paz, duraron 53 días, hasta que el Gobierno dictó el estado de excepción el 20 de junio. Los hechos violentos causaron la muerte de al menos 24 personas, desempleo, millonarias pérdidas y el cierre de varias empresas.
En abril, varios sectores campesinos comenzaron las movilizaciones en rechazo a la Ley 1720, que permitía la conversión de las pequeñas propiedades a medianas, para que tengan acceso a créditos bancarios. Sin embargo, en criterio de los movilizados, esta norma generaba el riesgo de que los pueblos indígenas pierdan sus tierras, por lo que fue abrogada en mayo. A este tema se sumó el malestar por la mala calidad de la gasolina, que causó daño a los motores de miles de vehículos.
Estas demandas fueron tomadas por el sector ‘evista’, que con apoyo de la Tupac Katari se atribuyó la representación de la población e inició con el bloqueo de caminos. Además de ello, durante el conflicto, se reveló la presencia de grupos armados que amenazaban con la toma de cuarteles y entidades estratégicas como las plantas de YPFB en el Chapare, Santa Cruz y El Alto.
De la misma forma, el Gobierno denunció el financiamiento de organizaciones del narcotráfico. Estos elementos son parte de los fundamentos para la denuncia de terrorismo que pesa contra todos los involucrados, según el Ministerio de Gobierno.