Bolivia retoma gradualmente la normalidad después de más de 50 días de protestas con bloqueos que golpearon las rutas del eje troncal entre La Paz, Oruro, Cochabamba y Santa Cruz. El escenario se consolidó cinco días después de que el presidente Rodrigo Paz Pereira declarara el estado de excepción, que, según ratificó ayer, continuará vigente hasta “ordenar” el país.
“Este estado de excepción continúa porque tenemos muchas cosas que ordenar. Bolivia se tiene que ordenar, porque no se puede volver a repetir lo que ha ocurrido estos últimos 50 días. Este estado de excepción es el instrumento legal que nos permite ordenar el país”, afirmó el mandatario.
Paz sostuvo que Bolivia no puede volver a enfrentar un conflicto tan prolongado y aseguró que la presión mediante el cierre de carreteras fue superada. “El bloqueo ha sido derrotado y no puede retornar al país”, enfatizó.
El lunes 22 de junio, feriado por el Año Nuevo Andino Amazónico y del Chaco, la Policía y las Fuerzas Armadas avanzaron en la limpieza de carreteras y desarticularon los últimos intentos de mantener interrumpido el tránsito. Ese día también quedaron neutralizados los dos principales focos de resistencia en las rutas hacia el Trópico de Cochabamba.
El primero se resolvió mediante una gestión del gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, quien alcanzó un acuerdo con las organizaciones movilizadas de Yapacaní. El segundo se desactivó después de que Evo Morales anunciara, desde Lauca Ñ, un cuarto intermedio en los bloqueos. Tras ambos anuncios, las fuerzas del orden iniciaron los operativos para habilitar la carretera nueva que conecta Cochabamba con Santa Cruz.
En el occidente, los ministros de Defensa, Ernesto Justiniano, y de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, acompañaron la limpieza de la vía hacia Copacabana, deteriorada después de varias semanas de bloqueo. En distintos tramos quedaron zanjas, promontorios de tierra y piedras utilizadas para impedir el paso.
Con las carreteras nuevamente transitables, el Gobierno anunció una evaluación para establecer la magnitud de los daños en la Red Vial Fundamental y calcular el impacto económico sobre la producción, el transporte, el comercio y los servicios.
El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, señaló que la siguiente etapa no se limitará a reparar caminos, sino que deberá concentrarse también en la recuperación económica.
“Ahora viene el trabajo de recuperación. Aquí no solo se trata de recuperar los caminos, tiene que haber una recuperación económica. Se han perdido más de 250.000 empleos, hay empresas quebradas y restaurantes cerrados. Esto ha sido un daño terrible, pero como Gobierno vamos a continuar”, aseguró.
Paralelamente, el Ejecutivo abrió el debate sobre las responsabilidades por un conflicto que dejó pérdidas millonarias y semanas de desabastecimiento. Justiniano afirmó que la Justicia deberá identificar a quienes promovieron, dirigieron o financiaron las medidas de presión y apuntó a Evo Morales.“El señor Morales hizo declaraciones que han quedado registradas por la prensa. La ley tiene que actuar y buscar la responsabilidad de las personas que estuvieron a cargo de este tipo de situaciones que generaron violencia y sufrimiento para la población”, manifestó.
Mientras el Gobierno instala el discurso de la reconstrucción y la rendición de cuentas, el frente que sostuvo las protestas comenzó a fracturarse. Mario Argollo, Vicente Salazar y Nilton Condori, entre otros dirigentes, que a principios de mayo sellaron un pacto para sostener las movilizaciones, ahora intercambian acusaciones y se atribuyen mutuamente el fracaso del conflicto.