El Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó este miércoles que el Gobierno boliviano “ha decidido solicitar a la Embajadora de la República de Colombia la conclusión de sus funciones diplomáticas en el territorio boliviano, otorgándole el plazo correspondiente conforme a las normas internacionales vigentes”.
Esta información inicialmente la dio a conocer el canciller Fernando Aramayo, quien, en un contacto con EL DEBER, dijo que la embajadora Elizabeth García Carrillo fue declarada “persona non grata (…) por la insistentes declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre el conflicto en Bolivia”.
La Cancillería, mediante un comunicado, aseguró que “la decisión adoptada responde a la necesidad de preservar los principios de soberanía, no injerencia en asuntos internos y respeto mutuo entre Estados”.
El pasado domingo, mediante su cuenta en X, el presidente de Colombia consideró que “Bolivia vive una insurrección popular” y que sería una “respuesta a la soberbia geopolítica”.
Incluso Petro afirmó que, ante esa situación, su “gobierno está dispuesto, si es invitado, a buscar fórmulas pacíficas de salida a la crisis política boliviana”.
Pero “el Estado Plurinacional de Bolivia considera indispensable que toda valoración o pronunciamiento externo respecto de la situación interna del país se desarrolle con responsabilidad, prudencia diplomática y pleno respeto a la institucionalidad democrática y constitucional vigente”, señala el pronunciamiento de la Cancillería boliviana.
Remarcó que las diferencias políticas y sociales internas deben resolverse exclusivamente dentro del marco constitucional boliviano, mediante mecanismos democráticos, institucionales y pacíficos, sin interferencias externas que puedan alterar la estabilidad institucional o profundizar la polarización.
Sin embargo, “la presente decisión no constituye una ruptura de relaciones diplomáticas con la República de Colombia ni afecta los vínculos históricos de amistad, cooperación y respeto entre ambos pueblos y Estados”, aclara la Cancillería.
En Bolivia, algunas organizaciones realizan una serie de medidas de presión en demanda de la renuncia del presidente Paz, quien asumió la jefatura del Estado hace seis meses.