Bolivia dice que veto de Israel a UNRWA es una "grave violación" a derechos de palestinos
"Bolivia condena enérgicamente la reciente decisión de la Knesset israelí de clasificar a la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina como 'organización terrorista' y prohibir su labor en los territorios palestinos ocupados", señaló la Cancillería boliviana en un comunicado.
El Gobierno de Bolivia expresó este viernes su condena a la decisión del Parlamento israelí (Knéset) de prohibir las operaciones de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA en inglés) y consideró que la medida supone una "grave violación" de los derechos de esa población.
"Bolivia condena enérgicamente la reciente decisión de la Knesset israelí de clasificar a la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA) como 'organización terrorista' y prohibir su labor en los territorios palestinos ocupados, incluida Jerusalén Oriental", señaló la Cancillería boliviana en un comunicado.
El Ministerio de Exteriores también sostuvo que la medida "representa una grave violación de los derechos de los refugiados palestinos y un intento de borrar su legítimo derecho al retorno, atentando contra el principio de no injerencia y la Carta de las Naciones Unidas".
También hizo un llamado "a la comunidad internacional a adoptar medidas firmes y urgentes para revertir esta decisión" y que se proteja el trabajo de la UNRWA, entidad que consideró importante para la "provisión de servicios esenciales a los refugiados palestinos y para la promoción de la paz y estabilidad en la región".
La UNRWA fue establecida en 1950 por la ONU y presta servicios sociales a más de cinco millones de refugiados palestinos -muchos descendientes de los cientos de miles de desplazados por la creación del Estado de Israel- que viven ahora en la Franja de Gaza, Cisjordania, Líbano, Siria y Jordania.
La Knéset aprobó el lunes dos leyes que permitirán cerrar las oficinas de la Agencia de la ONU para los Refugiados palestinos y obstruir así su actividad.
Israel ha justificado estas leyes asegurando que unos 2.100 empleados de la UNRWA pertenecen a la organización islamista Hamás, pero sin presentar pruebas contundentes.
En enero acusó a doce de sus más de 30.000 trabajadores de participar activamente en los ataques del 7 de octubre, a lo que la agencia respondió de inmediato abriendo una investigación interna y despidiéndolos. EFE
