Bolivia ingresó nuevamente a la temporada crítica de incendios con miles de hectáreas convertidas en cenizas y sin haber eliminado ninguna de las normas señaladas por organizaciones ambientales como parte de las denominadas “leyes incendiarias”.
Solo en Tarija, la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) reportó unas 5.000 hectáreas afectadas por los incendios registrados en distintas comunidades. La Gobernación declaró emergencia departamental ante el avance del fuego en los municipios de Méndez, Uriondo y Cercado, mientras la Fiscalía abrió al menos cuatro investigaciones para establecer responsabilidades.
En Santa Cruz, el incendio de mayor magnitud se encuentra en el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Otuquis, donde las llamas afectaron aproximadamente 2.538 hectáreas. También se reportaron focos en Pailón, Porongo y San Matías, en medio de fuertes vientos, escasez de agua y dificultades para garantizar combustible a las brigadas.
Es decir, únicamente entre Tarija y Otuquis, los reportes parciales dan cuenta de más de 7.500 hectáreas alcanzadas por el fuego, cuando el periodo de mayor riesgo —que suele extenderse entre julio y octubre— apenas comienza. Esta semana también hubo reportes de fuego en Liriuni, un área protegida próxima al Parque Nacional Tunari, mientras que La Paz despertó con humaredas.
Así despertó La Paz. Foto APG
En ese escenario, la diputada Cecilia Requena (Unidad) reveló que ninguno de los intentos para abrogar las normas cuestionadas logró completar su trámite legislativo.
“Ni una sola ley incendiaria fue abrogada. Todas se han trancado en Diputados”, afirmó. Explicó que algunas propuestas fueron aprobadas por el Senado durante la anterior legislatura, pero quedaron detenidas en la comisión correspondiente de la Cámara Baja y no llegaron al pleno.
Una de ellas es la Ley 1171, de Uso y Manejo Racional de Quemas, promulgada en 2019. La norma regula las quemas planificadas y establece sanciones administrativas por quemas no autorizadas. El comité dirigido por Requena emitió un informe favorable para su abrogación, pero la iniciativa volvió a encontrar resistencia entre legisladores vinculados o sensibles a las demandas de los sectores productivos.
La diputada cuestionó especialmente la efectividad de las multas. Según explicó, las sanciones son tan bajas que algunos infractores prefieren asumirlas como parte del costo de habilitar terrenos. A ello se suma que muchas multas ni siquiera llegan a cobrarse.
“El problema cuando las sanciones no son suficientes es que la gente hasta prefiere pagar”, señaló, antes de admitir que tampoco existen registros de pagos significativos por los daños provocados.
Otra norma pendiente es la Ley 741, aprobada en 2015, que autoriza el desmonte de hasta 20 hectáreas en pequeñas propiedades, tierras comunitarias y asentamientos legalmente establecidos. La autorización puede tramitarse de manera simplificada y sin presentar planes de ordenamiento predial o de gestión integral de bosques y tierras.
El Senado aprobó su abrogación en septiembre de 2024, pero el proyecto no concluyó su recorrido legislativo y la ley continúa vigente.
La diputada Requena ante los medios. Foto: APG
Para Requena, eliminar esas disposiciones no será suficiente si el país no aprueba una nueva Ley de Bosques que evite vacíos legales e incorpore incentivos para producir sin fuego. Su propuesta plantea combinar sanciones más severas con apoyo a la agroforestería, la ganadería sostenible y la agricultura regenerativa.
La legisladora sostuvo que el problema de fondo está en una política pública que todavía favorece la ampliación de la frontera agropecuaria mediante el chaqueo y la quema. Frente a ese modelo, destacó experiencias productivas que recuperan suelos, conservan humedad y reducen el riesgo de incendios sin renunciar a la actividad agrícola o ganadera.
La alerta adquiere mayor dimensión por el antecedente de 2024, cuando Bolivia registró su peor desastre por incendios: 12,6 millones de hectáreas quemadas, de las cuales el 68% correspondió a Santa Cruz, según una investigación de Fundación Tierra.
Requena advirtió que las condiciones serán cada vez más difíciles debido a las sequías, los fuertes vientos y el cambio climático. Por eso, insistió en que la respuesta no puede limitarse a movilizar bomberos cuando las llamas ya están fuera de control.
La prevención, dijo, requiere información, vigilancia comunitaria, coordinación entre niveles de gobierno y un cambio en la forma de habilitar tierras. Mientras ese debate permanece detenido en el Legislativo, el fuego ya comenzó a avanzar otra vez sobre bosques, áreas protegidas y comunidades.