La Defensoría del Pueblo presentó este lunes su segundo reporte trimestral de la conflictividad en Bolivia, que registró 212 conflictos activos y otros 34 que quedaron solo en anuncios.
De los 212 conflictos registrados entre abril y junio, 91 ocurrieron en el departamento de La Paz, 32 en Cochabamba, 23 en Santa Cruz, 18 en Beni, 15 en Potosí, 13 en Oruro, 12 en Tarija, seis en Chuquisaca y dos en Pando.
El ‘bloqueo’ fue nuevamente la medida de presión más utilizada por los manifestantes con 89 casos registros por la Defensoría.
Además, hubo marchas (43), mítines de protesta (22), paros (18), estados de emergencia (16) y tomas de Instituciones (9).
Aunque en menor proporción, también se suscitaron enfrentamientos (6), vigilias (5), huelgas de hambre (3) y hasta cacerolazo (1).
Tipología
En relación a la recurrencia de las manifestaciones por tipología, predominaron los conflictos vinculados a temas de política y gobernanza con un total de 141 casos.
“Dentro de esta categoría se encuentran demandas relacionadas con la gestión administrativa, el cuestionamiento a autoridades, la calidad y el desabastecimiento de combustibles, la renuncia de autoridades y otros asuntos vinculados a la gestión pública”, detalla el informe defensorial.
Asimismo, hubo conflictos por la economía (20), por el trabajo y empleo (15), además de aquellos vinculados al ámbito de la educación (10) y otras tipologías de menor proporción, que reflejan la diversidad de demandas sociales en el país.
“En cuanto a los derechos afectados, el derecho a la libre circulación registró el mayor número de incidencias con 141 registros asociados a los bloqueos a nivel nacional”, señala el reporte.
Del mismo modo se afectaron los derechos económicos y sociales (20), el derecho al trabajo y empleo (15), el derecho a la educación (10), a la salud (9), entre otros.
El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, exhortó a las autoridades locales, departamentales y municipales a fortalecer los mecanismos preventivos de gestión de conflictos.
"La experiencia demuestra la importancia de consolidar sistemas de alerta temprana, prevención y gestión pacífica de conflictos para evitar el escalamiento de la violencia y proteger los derechos humanos", enfatizó la autoridad.