La tarde de este lunes, siete brigadas parlamentarias departamentales de Bolivia aprobaron una resolución conjunta en la cual respaldan las medidas adoptadas por el Gobierno nacional, entre ellas el estado de excepción, para preservar el orden constitucional y garantizar el abastecimiento de productos esenciales.
Los representantes políticos de Santa Cruz, La Paz, Cochabamba, Tarija, Pando, Chuquisaca y Beni fueron quienes aprobaron esta resolución compuesta por doce artículos.
En la resolución, los representantes departamentales también indicaron que, desde sus curules en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) impulsarán y respaldarán “la aprobación de medidas legislativas destinadas a prevenir, sancionar y evitar la repetición de hechos que vulneren los derechos fundamentales de la población mediante bloqueos prolongados”, o cualquier otra medida de presión que afecte el abastecimiento nacional, la economía y la estabilidad del país.
Otro de los puntos más relevantes del documento se refirió al cumplimiento de las actuaciones judiciales y fiscales vigentes respecto a la aprehensión del expresidente Evo Morales, en el cual se demandó a las autoridades jurisdiccionales, fiscales y policiales ejecutar las disposiciones correspondientes en apego a la normativa vigente.
“Asimismo, se exhorta a las instituciones encargadas de la administración de Justicia y del mantenimiento del orden público a garantizar la aplicación de la ley. Por lo cual se solicita a los entes encargados de la seguridad y administración de Justicia la intervención y militarización inmediata de la localidad del Chapare, perteneciente al departamento de Cochabamba, con la finalidad de evitar nuevos levantamientos y sedición al Estado”, indicó el senador Lorgio Fernando Pareja, presidente de la Brigada Parlamentaria de Santa Cruz, al leer la resolución.
En el documento también demandaron al Ministerio de Gobierno y la Fiscalía General del Estado a iniciar las acciones legales que correspondan contra el senador Nilton Condori, el secretario de la Central Obrera Boliviana (COB) Mario Argollo y el ejecutivo de la Federación de Campesinos ‘Tupac Katari’, sindicados de estar tras los conflictos sociales y bloqueos que afectaron al país durante casi dos meses.
Otro de los artículos aprobados exige “la renuncia inmediata e irrevocable” del Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, a quien los parlamentarios atribuyen una falta de acción durante las mencionadas movilizaciones.
Las siete brigadas también expresaron su rechazo a presuntos actos de injerencia de actores extranjeros en asuntos internos de Bolivia. En ese sentido, solicitaron a la Cancillería informar oficialmente al Gobierno de Argentina estos hechos para que se realicen las investigaciones correspondientes y “de verificarse responsabilidades si apliquen las sanciones previstas por su legislación interna”.
Finalmente, los asambleístas solicitaron la apertura de espacios de diálogo para construir un nuevo pacto fiscal denominado ‘50-50’, orientado a una distribución más equitativa de los recursos públicos entre los departamentos y al fortalecimiento del desarrollo regional.