Escucha esta nota aquí

Creen que el Gobierno va camino a una dictadura con la aplicación de leyes económicas y también por varios hechos, como la toma de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca). En ese discurso buscan frenar al Movimiento Al Socialismo (MAS). Además, hay cinco sectores que están en apronte por el tratamiento de diversas normas.

“Expresarles algunas ideas fundamentales, nuestra gran preocupación por la forma en la que está actuando el Gobierno nacional que está yendo a galope hacia la dictadura por el camino de la autocracia. Ojalá que podamos evitarlo. Ojalá que el presidente Luis Arce se dé cuenta de que vive en una democracia y no en una autocracia”, consideró el expresidente Carlos Mesa, líder de Comunidad Ciudadana (CC).

El exmandatario tiene una posición dura sobre la Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas. Mesa consideró que esta norma da poderes extraordinarios al Ministerio Público, al Ministerio de Justicia y a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF).

“Esta ley es una amenaza para pequeños empresarios y quienes están en la informalidad, porque se podría usar en su contra acciones como fiscalizar, amedrentar y allanar. Esta norma también es una amenaza para la prensa, ya que busca eliminar el secreto de fuente de los periodistas”, arremetió Mesa.

El MAS lo rechaza

En el MAS no toman las palabras de Mesa y descartan que el Gobierno quiera aplicar una dictadura. El senador Luis Flores, jefe de la bancada oficialista en la Cámara Alta, consideró que las aprobaciones de normas son necesarias y que algunas están orientadas en el plan de reactivación económica.
“No compartimos la acusación del señor Carlos Mesa. Acá no hay ninguna dictadura; es más, se recuperó la democracia y se la está consolidando cada día”, dijo.

Los sectores que cuestionan al Gobierno crecen por el tratamiento de diferentes leyes. La norma que más críticas sumó es la Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas. El gremio de periodistas, el movimiento cívico, políticos de la oposición, gremiales e integrantes de plataformas rechazan esta iniciativa, que ya fue aprobada por Diputados y se espera que esta semana sea debatida en el Senado.

El Gobierno aseguró que el proyecto no vulnera la Constitución, no afecta el trabajo de la prensa y descartó incluir un artículo que garantice el respeto a la Ley de Imprenta. El Ejecutivo destacó que la norma obedece a estándares internacionales.

La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) pidió a los legisladores incluir una excepción en el artículo 11, orientada a proteger el secreto en materia de imprenta.

Los otros sectores, además, objetan el artículo 17, que hace referencia al “sujeto obligado” a dar información, porque involucra a “toda persona natural o jurídica, pública o privada, del sistema financiero nacional, mercado de valores, seguros, pensiones, notarios de fe pública, abogados, contadores, juegos de azar o casinos, actividades comerciales, registro de comercio, control físico transfronterizo de divisas y otros”.

Comentarios