Escucha esta nota aquí

En menos de cinco meses, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) se incautó de 81 avionetas que operaban el puente aéreo de la droga y ya dobló la cantidad de esas confiscaciones que se hizo en 2021. Además, en lo que va del año se han anulado 24 pistas clandestinas, pero se han detectado otras 300.

Este complejo escenario ha llevado a las autoridades nacionales a solicitar “una participación más activa” del gobierno de Perú para anular el corredor aéreo, pero también el tránsito terrestre y fluvial que se ha intensificado este año, el primero con mayor normalidad tras las restricciones que trajo consigo la pandemia de coronavirus que aún está activa.

El viceministro de Defensa Social, Jaime Mamani, reveló que luego de varias reuniones de coordinación con las autoridades de Perú comenzó el operativo “Amistad de Herradura” que se extenderá hasta finales de mes. Anticipó que se dará a conocer un informe conjunto y que las operaciones incluyen patrullajes aéreos.

El miércoles 18 de mayo “han comenzado los operativos simultáneos con el vecino país de Perú; vía aérea, terrestre y lacustre. También en el lago Titicaca que es un sector que es utilizado por organizaciones criminales que internan la droga desde Perú hasta nuestro territorio para luego continuar su ruta hacia otros países, como Argentina, Brasil y Paraguay”, precisó Mamani a EL DEBER.

Autoridades de Bolivia y Perú se reunieron a finales de febrero en Puno para acordar un plan conjunto, pero con especial énfasis en el tráfico de estupefacientes que nace en la extensa región del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem). En esa zona se produce coca y fue golpeada en los últimos años por resabios del grupo terrorista Sendero Luminoso, que en la década de los años 80 protagonizó una guerra interna que dejó cerca de 70.000 ciudadanos peruanos muertos.

Desde febrero, el tráfico de cocaína, tanto de pasta base como clorhidrato, se ha incrementado. Los narcotraficantes están buscando nuevas rutas para llegar a Brasil, incluso a través de los ríos. Un oficial de la policía antidrogas explicó a EL DEBER que en los últimos dos meses se “ha compartido información con Perú para que puedan sumarse de manera más activa y comprometida, porque —dijo— este problema crece”.

El viceministro Mamani corroboró la versión. “Entendemos que ningún país de manera aislada o individual puede hacerle frente al narcotráfico. Por eso, estamos impulsado reuniones de comisiones mixtas con las naciones vecinas, fundamentalmente, para desarticular el puente aéreo que tanto daño nos hace y genera mala imagen para nuestro país”, afirmó.

La droga que sale de Perú o través del territorio nacional tiene como destino países de Europa. Un reportaje de Cuarto Poder, un programa de la televisión peruana, cifró en 10 los vuelos diarios, una cifra que no ha podido ser confirmada en el país. 

El informe de Didandro, la agencia antidroga del vecino país, estableció que existen “enviados” del temido Primer Comando de la Capital (PCC) de Brasil que supervisa el transporte de la droga hasta territorio brasileño. 

Este flujo también fue confirmado en un informe de Europol sobre los operativos ejecutados en la región. El Gobierno requirió esos reportes de manera oficial. Pero, las autoridades europeas ya explicaron que entre 2020 y 2021 hubo un incremento “sin precedentes” de las incautaciones de cocaína procedente de Bolivia y Perú. Este dato está consignado en el informe mundial presentado en marzo por la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), un organismo asesor de la Organización de las Naciones Unidas que está basado en la Convención de 1961.

Se trata del instrumento internacional que regula las obligaciones de los Estados en la lucha global contra las drogas ilícitas.

Según el reporte de JIFE, las rutas aéreas y marítimas para el tráfico de drogas se han convertido en las alternativas preferidas para eludir las restricciones a los viajes por tierra. “Los traficantes han recurrido cada vez más al uso de avionetas para transportar cocaína entre Bolivia a Brasil, Paraguay y Perú”, puntualiza el reporte presentado en la sede de Naciones Unidas en Viena.

El organismo asesor “también ha observado el uso de aeronaves privadas para trasladar droga dentro de la región y hacia Europa”. Además, señala que “el sistema fluvial Paraguay-Paraná, formado por 3.400 kilómetros ininterrumpidos de ríos que conectan Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay con el Océano Atlántico, “parece haberse consolidado como puerta de entrada para el transporte de la cocaína fabricada en Bolivia y Perú a los mercados internacionales de droga a través de puertos ubicados en Brasil y Paraguay”.

El puente aéreo de la droga pudo comenzar a operar hace unos 15 años y llevó a Perú a aprobar una norma para derribar aviones. En 2016, Bolivia compró13 radares a la empresa francesa Thales Air Systems por $us 216 millones. Los equipos, que deberían formar parte de un sistema de “control integral”, aún no están activos.

“Estamos en gestiones para que ingresen en funcionamiento”, explicó Mamani, pero sin precisar las causas por las que esos radares no están funcionando. Eso sí, señaló que la Felcn optó por los patrullajes aéreos con la FAB. “Es muy importante contar con los medios logísticos y nosotros, como Gobierno, estamos realizando patrullajes con las avionetas Cesna para poder identificar pistas clandestinas. Se está intensificando un patrullaje aéreo en la amazonia”, remarcó el viceministro.

Reveló que en breve tiempo la Policía recibirá cinco drones “para fortalecer esos patrullajes”.

El general de la Fuerza Aérea Henry Gemio informó, en un comunicado, que se inspeccionaron los trabajos para la instalación de los radares, pero desde el Comando de Seguridad y Defensa del Espacio Aéreo que está en Cochabamba, en el marco de la Ley 521. La Policía pidió ajustar esa norma para que sea parte de las operaciones de control aéreo, pero la modificación aún no llegó a la Asamblea Legislativa.

Comentarios