Caja Petrolera prestó dinero del Estado a sus funcionarios con un interés anual del 10%

La Caja Petrolera de Salud (CPS) hizo préstamos a sus trabajadores por un monto de Bs 7.000 por un lapso de siete meses, de febrero a agosto, con un interés nominal del 10% anual. Este crédito es descontado de sus haberes de forma mensual y en sus planillas no figura el interés a cobrar.

De acuerdo a las denuncias, los recursos provienen del Estado y los préstamos se aprobaron a través de la Resolución Administrativa OFN-DGE-JDNAL-R.A. No. 008/2022, de fecha 20 de enero de 2022, firmada por el director ejecutivo, David Silvestre Martínez Flores.

Según la documentación a la que accedió EL DEBER, la Federación Sindical de Trabajadores de la CPS solicitó, el 26 de diciembre de 2021, un anticipo de escolaridad porque las clases en todos los niveles educativos iniciaban el 1 de febrero.

Luego de varias consideraciones, el director decidió otorgar el adelanto a los servidores de tiempo completo por un monto de Bs 7.000, mientras a los trabajadores de medio tiempo por Bs 3.500. 

La resolución detalla que la disposición de los intereses al préstamo está amparada en los artículos 92 y 93 del Reglamento Interno de Personal.
Jorge Méndez Buitrago denunció estos actos por presunta malversación y uso indebido de bienes públicos ante la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social a Corto Plazo (ASUSS) y enumeró otros tres delitos que se estarían cometiendo con estos préstamos, mientras la institución se ensombrece por una crisis financiera.

De acuerdo a fuentes cercanas, la demanda no prosperó por presiones y amedrentamiento al denunciante.

Según la carta de denuncia enviada a la ASUSS, con fecha de recepción del 29 de marzo de este año, los préstamos en la Administración Departamental de La Paz ascienden a Bs 2.992.500 y el monto en todo el país alcanza los Bs 12.953.500 este año.

“Como su autoridad puede observar, es un monto muy grande el que se está utilizando para préstamo, lo que obviamente limita los pagos e inversión que la Caja Petrolera debe realizar en la gestión, lo que es una limitante para proporcionar los servicios, insumos, materiales y otros a los asegurados”, manifestó el denunciante en la misiva.

El comprobante de contabilidad de la Administración Departamental de La Paz Nº 000256, de fecha 15 de febrero, corrobora el monto de casi Bs 3 millones.

En la descripción de la transacción se lee: Contabilización del Préstamo de Escolaridad 2022 con cargo a la Cuenta 11310, subcuenta 112 al personal de la CPS Departamental La Paz, según planilla Anticipo Educativo 2022, adjunto de Recursos Humanos. Abono aplicado por el Banco Unión.

Méndez refiere que con los créditos se vulneraron los fines de la institución establecidos en el Estatuto Orgánico y Código de Seguridad Social, ya que el objetivo es otorgar servicios en salud y “no tiene como misión realizar préstamos, ni de cobrar intereses con fines de lucro”.

El crédito se habría depositado de forma directa a las cuentas de los trabajadores. Dicho procedimiento también viola el Manual de Cuentas y Contabilidad del Sector Público.
Méndez agrega que la entidad tampoco realizó la certificación presupuestaria correspondiente porque estos adelantos no están presupuestados. 

De acuerdo al Decreto Supremo 21137, “bajo responsabilidad personal, ninguna autoridad podrá reponer o crear nuevos bonos y remuneraciones adicionales a las permitidas por el presente decreto, ni autorizar su pago”.

El Reglamento de la Ley Financial establece que será considerado como uso indebido de fondos los pagos a concesión de préstamos y anticipos de sueldos al personal, gastos extra-presupuestarios y otros utilizados indebidamente, debiendo la Contraloría General proceder a su recuperación por la vía coactiva.

El denunciante afirma que se cometió malversación; resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes; uso indebido de bienes y servicios públicos; además de conducta antieconómica.
Agrega que los artículos 92 y 93 ya no están vigentes en el Reglamento Interno de Personal.

La carta concluye responsabilizando a David Martínez por presuntamente cometer esta serie de delitos y a los nueve administrados departamentales por actuar en “complicidad”.

“Nada es ilegal”
Este medio, se contactó con el director de la CPS, David Martínez, para conocer su versión. La autoridad explicó que efectivamente se entregaron estos préstamos de escolaridad y aclaró que es el único adelanto que se entrega de forma voluntaria.
“El préstamo es de escolaridad, el POA ya está con el préstamo. Sabe que el POA se aprueba en agosto”, afirmó, aunque la solicitud realizada por los trabajadores se hizo en diciembre, cuando el POA ya se había aprobado.

Ante la consulta si los recursos para otorgar préstamos provenían de arcas del Estado, respondió que “no siempre” y dijo que en caso de que el Estado no provea de presupuesto, ellos tienen su propio dinero.

“En ningún momento estamos defraudando al fisco o estamos haciendo un negocio con ese dinero. No es nada ilegal, está dentro del estatuto y no es la primera vez que se hace y viene de hace 20 años”, ratificó.

¿Y la ASFI?
El especialista en temas jurídicos, José Velasco, explicó que la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) debe intervenir en este caso, ya que debe cuidar que no se manejen recursos públicos para realizar préstamos.
“La CPS es una entidad pública, incluso tiene una Unidad de Transparencia como existen en las entidades del Estado. La ASFI debe pronunciarse para determinar si estas cooperativas están habilitadas para funcionar y si el patrimonio que tiene que proviene de recursos públicos se pueden disponer tan alegremente”, manifestó el abogado.

Agregó que la Ley 393 de Servicios Financieros regula estos préstamos. Sin embargo, la Caja Petrolera no cumple con los requisitos establecidos para este funcionamiento.