Camacho no pudo reunirse con sus funcionarios y hay presión por la Gobernación

El gobernador Luis Fernando Camacho no pudo reunirse con sus colaboradores en el penal de Chonchocoro. Está recluido allí desde el 30 de diciembre y cada jueves atendía a Efraín Suárez, el asesor de Gestión de la institución, para despachar los pendientes de la administración regional.

El MAS, por su lado, mantiene activa la presión y los argumentos para que el vicegobernador Mario Aguilera reemplace a Camacho. Además, no ha escondido la estrategia para captar al menos tres de los cinco votos indígenas de la Asamblea Legislativa y que son clave para el control de la entidad.

“Me están restringiendo el derecho de poder entrar a visitar al Gobernador. Sé que al masismo no le gusta que él sea el gobernador cruceño, pero mientras la acción de cumplimiento, que están usando para dar un golpe a Santa Cruz, no se resuelva él sigue sigue en el cargo; les guste o no y tiene el derecho de recibir a los funcionarios públicos de la Gobernación”, reclamó Suárez tras haber intentado ingresar al penal de máxima seguridad que está a 35 kilómetros del centro de la ciudad de La Paz.

Suárez afirmó que “hay una tortura blanca” contra Camacho; es decir, una restricción en su libertad de expresión. Explicó que los policías le indicaron que ahora las visitas deben ser autorizadas por el director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias.

“El director debe salir a decirnos formalmente por qué no podemos entrar. Si él nos dice que hay una orden judicial que limita visitas, acataremos la decisión, pero si es una orden discrecional, también díganlo”, reclamo Suárez.

Un grupo de legisladores nacionales y departamentales del MAS planteó a la Justicia una acción de cumplimiento para que el vicegobernador Mario Aguilera, quien fue elegido para el cargo en la misma fórmula de Camacho, asuma la suplencia legal del cargo en los términos que establece el Artículo 26 del Estatuto Autonómico.

El recurso tenía que haberse resuelto ayer por los vocales Juan José Subieta y Alaín Nuñez de la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia, pero la vista fue pospuesta, precisamente, hasta el jueves 16 de febrero, dentro de una semana.

La asambleísta departamental Raquel Valencia (MAS) fue una de las autoridades que planteó la acción judicial sobre la suplencia de Camacho. Señaló que el recurso llegó tras varias solicitudes e informes respecto a la aplicación del Estatuto. “No hemos recibido ninguna respuesta y es por eso que hemos recurrido a la Justicia, para que se pueda definir, en el marco del Código Procesal Constitucional, la continuidad de un mando en la administración del gobierno autónomo de Santa Cruz”, apuntó.

La asambleísta dijo que solicitó la postergación de la audiencia. “Hemos solicitado una nueva audiencia, porque no se notificó a Luis Fernando Camacho. Nosotros hemos solicitado esa prórroga”, insistió. Además, consideró que no solo el Estatuto fija la suplencia lega, sino también el Manual de Funciones de la entidad.

La asambleísta Keila García (Creemos) rechazó la acción legal porque, según explicó, no se han dado las condiciones para que proceda la suplencia de Camacho. “Llama la atención que esa audiencia haya sido fijada para el día jueves 16 de febrero, días previos al carnaval. ¿Con qué intención? Vamos a defender nuestra postura y el voto del pueblo cruceño, que escogió a Luis Fernando Camacho como Gobernador”, anunció.

El 8 de febrero, cuando la Justicia debía resolver el recurso planteado por el MAS, seguidores de Camacho protagonizaron un mitin en los accesos al edificio del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ). Allí montaron una vigilia y se prevé un escenario similar para la próxima semana.

Desde las organizaciones que son aliadas al MAS también anunciaron medidas de presión. El secretario de organización de la Federación de Interculturales de Santa Cruz, Guido Cuadros, afirmó que Camacho ya no puede estar presente donde se lo necesite, especialmente en momentos en tiempos de inundaciones.

“No vamos a permitir que se burlen de Santa Cruz y que se burlen del pueblo. Hasta cierta parte podemos soportar. Hay muchas necesidades en Santa Cruz y ya es mucho tiempo que esa oficina está vacía y sin gestión alguna”, dijo. “Llegó la hora. Vamos a evaluar medidas de presión. Ya está bueno”, complementó el dirigente.

El Artículo 25 del Estatuto de Santa Cruz señala que “si la ausencia (del Gobernador) es temporal” debería asumir el vicegobernador, en este caso Aguilera, pero si se trata de “un impedimento permanente” y al cumplirse los dos primeros años del mandato constitucional, se llamará a elecciones.

El Artículo 26 del apartado legal establece que la primera autoridad del departamento perderá su mandato en caso de muerte, renuncia o sentencia ejecutoriada. En las elecciones subnacionales de 2021, Camacho y Aguilera fueron elegido scon el 55,64% de los votos, frente al 38,17% que obtuvo el MAS, pero a través de una papeleta distinta a la usada para la elección de los asambleístas.

El Órgano Legislativo cruceño tiene 28 escaños y, por efecto de los comicios subnacionales, logró una correlación casi pareja entre el MAS y Creemos. El partido de Evo Morales tiene una representación de 11 legisladores y Creemos tiene 11, pero logró la gobernabilidad tras una alianza con Asip y representantes indígenas. En este escenario, estos representantes de los pueblos, Ayoreo, Mojeño, Chiquitano, Guaraní y Yuracaré.

El jefe de la bancada indígena, Roberto Urañavi, denunció que hay un “nuevo intento” de revocar a dos representantes indígenas. En una entrevista con el programa Influyentes que emite EL DEBER Radio, afirmó que se trata de una vía que asumió eñ MAS para poder controlar la Gobernación.

“No hay que esconder las cosas, es el Gobierno nacional y el MAS son los que están detrás de todo esto; hay una orden, así lo manifestaron nuestros caciques. Es una orden directa desde arriba para revocar a los asambleístas”, dijo

Explicó que los asambleístas de los pueblos Yuracaré, Mojeño y Guaraní ya han sido notificados con los revocatorios que se ejecutarán hasta fin de mes. El primero se llevará a cabo este domingo 12 de febrero en Puerto Villarroel. “Es el pueblo el que decide, pero lamentablemente ellos, los del Tribunal Electoral, ya han emitido que viajarán a dar legalidad al revocatorio”, sostuvo.