Camacho recibe una nueva notificación de la Fiscalía y ahora enfrenta ocho procesos

Declaró el miércoles por el caso Notaría y el próximo 14 de junio volverá a entregar su testimonio, pero esta vez será ante una nueva denuncia vinculada con su gestión. El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, sumó de este modo el octavo caso en su contra.

La nueva denuncia fue planteada por la bancada del MAS en la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) y tiene que ver con supuestas irregularidades en la adquisición de maquinaria.

El asambleísta Dilfe Rentería (MAS) informó que ayer fue notificado Camacho con la denuncia. El caso que menciona cargos por daño económico es llevado por la fiscal Yolanda Aguilera y tiene que ver con un supuesto daño de Bs 5 millones al Servicio Departamental de Caminos (Sedcam).

El legislador indicó que hubo “sobreprecio” en la adquisición de maquinaria lo que daría pie a la investigación de “contratos lesivos con el estado, uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas”. Eso sí, el legislador del MAS descartó que existan motivaciones políticas.

Más temprano, se conoció la declaración de Camacho sobre un presunto caso de falsedad material e ideológica que pudo suceder con la —según la denuncia del Viceministerio de Transparencia— falsificación de su firma en un documento público presentado ante la Notaría de Gobierno.

“Esta denuncia forma parte de un nuevo proceso creado y orquestado con el mismo objetivo de la persecución política desde que formé parte, al lado de mi pueblo, de la lucha por la democracia, la libertad y el voto de los bolivianos. En forma conjunta (esto) lleva adelante el Gobierno del Movimiento Al Socialismo en complicidad con sus aliados y nuevos aliados como el caso del gobernador interino Mario Aguilera Cirbian y que tiene como único objetivo buscar la manera de que permanezca secuestrado en el penal de Chonchocoro”, dijo el gobernador Camacho el miércoles 29 de mayo en su declaración ante los fiscales que fueron hasta el penal de Chonchocoro.

El abogado del gobernador encarcelado, Martín Camacho, confirmó que su defendido reconoció la autenticidad de su firma y por tanto asegura que él no cometió ningún delito en el caso que fue denominado Notaría. En el marco de esa investigación, el Gobernador que permanece detenido en Chonchocoro es acusado de falsedad material e ideológica por la supuesta falsificación de su firma.

“El gobernador ha prestado su declaración y ha reconocido como propia la firma estampada en el protocolo, por lo que estaríamos frente a un delito de imposible comisión. El gobernador no puede falsificar su propia firma, por lógica simple”, remarcó el jurista. Asimismo, sostuvo que, dado que el proceso se encuentra en etapa preliminar y tomando en cuenta la declaración de Camacho Vaca, se espera que el Ministerio Público tome la decisión de presentar un rechazo en favor de Luis Fernando”, complementó.

Pero, además, el gobierno departamental presentó una ampliación de la denuncia en contra del exasesor departamental de Gestión, Efraín Suárez, por los supuestos delitos de usurpación de funciones, adhiriéndose en calidad de cómplice en el caso Notaría. 

El secretario de Justicia de la Gobernación, Carlos Eduardo Correa, afirmó que Suárez formó parte activa en el supuesto hecho irregular del cual nace la denuncia vía penal del Viceministerio de Transparencia, además que fue quien llevó el poder a la ciudad de La Paz para hacerlo firmar por el gobernador electo.

Agregó que dicha investigación por los delitos de falsedad material, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado e incumplimiento de deberes seguirá su curso normal, proceso en el cual se incluye la pericia a la firma de Camacho para determinar si es falsificada o no, todo ello en previa coordinación con la Policía.

Por este caso, el propio Mario Aguilera confirmó su adhesión al caso. Ante ello, Suárez también lo vinculó con una estrategia planteada por el MAS en Santa Cruz.

Además de estos dos casos, el gobernador cruceño enfrenta tres cargos vinculados con protestas ciudadanas. El caso Golpe I y II, además de cargos por el paro de los 36 días que tuvo lugar en 2022. A estos se suman los procesos por el Carro Bombero, ‘Decretazo’ y otro por supuesto ultraje a los símbolos patrios y racismo.

CASOS

GOLPE I
Acusado de terrorismo por la crisis de 2019, cuando Evo Morales renunció a su cargo
GOLPE II
El proceso aún no avanza. Tiene que ver con la relación que tuvo con el gobierno de Jeanine Áñez.
BOMBERO
Vinculado con la adquisición de un vehículo de emergencias. Se prepara la imputación.
DECRETAZO
El Gobierno no cumplió con su traslado a Santa Cruz para que asuma defensa en este caso.
NOTARÍA
Investigado por supuesta falsedad material, tiene que ver con una rúbrica “falsificada”.