Luis Fernando Camacho continúa como gobernador de Santa Cruz, aunque esto puede cambiar el próximo 16 de febrero si la justicia acepta una acción de cumplimiento planteada por el MAS para el vicegobernador Mario Aguilera lo reemplace de sus funciones.

El recurso tenía que haberse resuelto ayer por los vocales Juan José Subieta y Alaín Nuñez de la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia, pero la vista fue pospuesta, precisamente, hasta el jueves 16 de febrero porque Camacho, el principal interesado, no fue notificado, explicó Efraín Suárez, asesor de gestión de la Gobernación.

Poco antes de esa postergación, Camacho señaló que “el MAS intenta tomar la Gobernación de Santa Cruz para derrotar el camino de la democracia” que se trazó desde la región. Aseguró que su lucha no es por un cargo y calificó al recurso judicial “de arbitrario”.

Este mensaje fue transmitido por el diputado Erik Morón (Creemos). El legislador leyó la nota en las puertas del penal de Chonchocoro. Camacho permanece en esa prisión de máxima seguridad desde el 30 de diciembre y, desde allí, emitió resoluciones y decretos, así como instrucciones para que sus colaboradores las ejecuten en favor de su gestión.

“El objetivo final del gobierno masista es desestructurar a nuestra institución para colocar un gobernador funcional a sus intereses y así lograr postergar la lucha por la democracia que se irradia a toda Bolivia desde Santa Cruz”, dijo, aunque no precisó si se refería a Aguilera, su compañero de fórmula con el que ganó los comicios subnacionales en 2021.

Eso sí, aseguró que “no se trata de una disputa por el cargo en la gobernación” porque hay “un asunto más delicado y profundo” que tiene que ver, según ratificó, con la lucha por la democracia. De este modo, animó a la ciudadanía a movilizarse por la causa.

“Hago un llamado a los cruceños y bolivianos que creen en la democracia para oponerse a que se consolide esta acción promovida por el masismo. En estos momentos, defender al gobierno departamental de Santa Cruz es defender la democracia y las libertades ciudadanas, tal como se expresó en el cabildo del 25 de enero”, se lee en el manuscrito.

El Gobernador se refirió a la pregunta que él formuló ese día, a través de uno de sus hijos, sobre si la ciudadanía aceptaba que continúe como gobernador desde su encierro en el panóptico paceño.

Pero el cabildo de enero determinó, además, un plazo de un mes para que la administración del presidente Luis Arce apruebe una amnistía para “los más de 180 presos políticos”, dirigentes que fueron parte de las protestas de 2019, cuando Evo Morales renunció a la presidencia del país luego de ser acusado de cometer un fraude electoral. Vencido el plazo de un mes, el Comité pro Santa Cruz tramitará el revocatorio del mandato de Luis Arce, quien juró en noviembre de 2020.

Aguilera no respondió ni realizó ningún pronunciamiento tras la nota emitida por Camacho, quien en una entrevista divulgada por EL DEBER el pasado 22 de enero advirtió de un intento “para despojarlo” de su cargo por “oportunistas y vendidos al masismo”.

Anteriormente y en varias oportunidades, Aguilera reafirmó la legitimidad de Camacho, quien fue elegido en 2021 con el 55,64% de los votos, frente al 38,17% que obtuvo el MAS, pero a través de una papeleta distinta a la usada para la elección de los asambleístas.

“Santa Cruz tiene su vicegobernador que ha sido electo en la dupla con Camacho y se llama Mario Aguilera. Ya deberíamos haber permitido que él asuma, mientras el Gobernador se haga de su defensa como corresponde. En ningún momento se le está diciendo que renuncie o que deje de ser gobernador, pero sí corresponde que el vicegobernador asuma las responsabilidades urgentes que se tienen en este momento”, afirmó la diputada Deysi Choque, jefa de la bancada del MAS en Santa Cruz y próxima al presidente Arce.

La legisladora, quien es una de las autoridades que promovió la acción de cumplimiento, urgió a la justicia a resolver este caso porque “se pueden estar cometiendo irregularidades” al momento de enviar, llevar y recoger los documentos que van y vienen desde el penal paceño de Chonchocoro.

“Estamos viendo que están yendo sus hijos a la Gobernación, llevando documentos que de los entregan en la cárcel. Incluso, el diputado Erik Morón va a la oficina de Camacho. Esperemos que no estén firmando documentos; eso sería irregular”, dijo Choque.

Las visitas a Chochocoro se realizan jueves y domingo de cada semana. Esos días, funcionarios de la Gobernación y el propio Suárez fueron al penal con documentación. Eso fue hasta el 26 de enero, cuando Camacho halló una cámara espía al interior de su celda.

“A partir de ese día no ha podido recibir visitas, esperemos que esta semana ya se restablezcan las visitas, al menos con mediana normalidad porque decir que tuvo acceso a sus visitas como le corresponde en sus derechos, nunca lo tuvo, pero por lo menos lo dejaban ver 15 minutos a sus hijos”, manifestó Fátima Jordán, la esposa del gobernador cruceño, ayer por la mañana, en una entrevista que concedió al programa Influyentes de EL DEBER Radio.

Explicó que ella se queda con su esposo en la cárcel. “A él le corresponde eso por salud, él tiene que seguir un tratamiento médico y tiene que haber una persona que lo acompañe”, afirmó. Camacho padece del síndrome Churg-Strauss, que tiene que ver con la inflamación de vasos sanguíneos. Recibe medicación cada 21 días.

Por la tarde, Jordán viajó a La Paz y llegó al penal de Chonchocoro donde permanecerá los próximos cinco días. Antes de ingresar se refirió al recurso que el MAS planteó y aseguró que su esposo sigue como Gobernador.

“Escribir cartas es la única manera que él tiene para poder expresarse y comunicarse con su pueblo del cual él sigue siendo gobernador. Hemos visto que se ha suspendido el proceso de la acción de cumplimiento que el Gobierno quiere utilizar para dar un golpe de Estado a Santa Cruz para pasar por encima de los 800.000 que lo elegimos. La audiencia se suspendió porque han visto que la gente no está conforme con lo que está pasando. La gente sigue manifestándose en las calles”, dijo a tiempo de destacar la decisión que asumió el cabildo de enero.

La audiencia fue prevista para las 13:00 y desde mediodía, se concentraron a las afueras del Palacio de Justicia activistas de varias zonas de la ciudad para respaldar el mandato de Camacho. Tras la postergación de la audiencia, la gente se desmovilizó.

El Artículo 25 del Estatuto de Santa Cruz señala que “si la ausencia (del Gobernador) es temporal” debería asumir el vicegobernador, en este caso Aguilera, pero si se trata de “un impedimento permanente” y no se haya cumplido los dos años del mandato constitucional, se llamará a elecciones.

El Artículo 26 del apartado legal establece que la primera autoridad del departamento perderá su mandato en caso de muerte, renuncia o sentencia ejecutoriada. Suárez señaló que el Estatuto no precisa el alcance de esa “ausencia temporal” y que Camacho no ha dejado de ejercer su mandato.

“La ciudadanía está preocupada porque el MAS está pretendiendo dar un golpe judicial a la Gobernación cruceña. El estatuto no contempla, en ninguna de sus causales, la detención preventiva como motivo para el apartamiento del cargo en ejercicio del gobernador. El MAS le quiere dar un golpe a la democracia y quiere a través de ello tomar el poder político en la Gobernación cruceña”, expresó la asambleísta Paola Aguirre de la alianza Creemos.

El exsecretario de la gobernación cruceña Vladimir Peña descalificó la acción legal planteada por el MAS, pero también llamó a establecer una reflexión política, sin alejarse de lo que establece el Estatuto, para que poder llevar adelante una la gestión regional.

El viceministro de Autonomías, Álvaro Ruíz, invocó a las gobernaciones del país a apoyar a los damnificados que han provocado las lluvias de la temporada.