La Cámara de Diputados sesionará hoy de forma virtual para debatir el proyecto que abroga la Ley 1341 de Estados de Excepción, una norma que establece límites y condiciones al Órgano Ejecutivo para activar la respuesta a una conmoción interna, como está previsto en el Capítulo III de la Constitución Política del Estado.
El Senado, que ya validó este ajuste, remitió la iniciativa a la Cámara Baja, donde surgieron voces a favor y en contra de la abrogación de esta ley, aprobada en 2020. El debate se instalará justo al inicio de la cuarta semana del cerco a La Paz, que permanece incomunicada por vía terrestre con el resto del país, con reportes de escasez de alimentos, medicamentos y oxígeno medicinal para pacientes en hospitales.
El diputado Edgar Zegarra, de la bancada de Libre, sostuvo que es necesario anular la Ley 1341 para que el Ejecutivo cuente con los mecanismos legales necesarios para tomar medidas orientadas a proteger la democracia. El legislador aseguró que la mayoría está de acuerdo con abrogar esta norma.
Por su parte, el diputado Carlos Alarcón, de Unidad, quien también se mostró a favor de la abrogación, explicó que ello no significa que automáticamente se declare un estado de excepción en Bolivia, sino que simplemente se restituye la plena vigencia de los artículos 137 al 140 de la CPE. En caso de que el jefe de Estado decida aplicar esta medida, deberá cumplir estrictamente lo establecido por la Constitución.
“Tiene que establecer un decreto de estado de excepción mediante su Consejo de Ministros, enviarlo dentro de las 72 horas a la Asamblea, y las dos cámaras reunidas en conjunto tendrán que decidir si aprueban o rechazan el estado de excepción”, explicó Alarcón a EL DEBER.
Si en ese plazo de 72 horas, como establece el artículo 138 de la CPE, la Asamblea rechaza el mecanismo, el estado de excepción queda automáticamente suspendido. Es decir, la decisión final recae en la Asamblea Legislativa.
El diputado Alejandro Reyes, también de Unidad, expresó su expectativa de que, así como ocurrió en el Senado, la norma sea aprobada hoy en Diputados. Argumentó que La Paz atraviesa “uno de los momentos más críticos del conflicto” y sostuvo que la Ley 1341 impide aplicar un estado de excepción porque fue “elaborada de manera política” precisamente para evitarla.
“Hay que allanar el camino para que la Constitución esté vigente por encima de cualquier mandato”, afirmó.
La diputada Claudia Bilbao, del PDC, también respaldó la abrogación de la norma luego de considerar que se trata de precautelar derechos constitucionales de la población, como el acceso a alimentos, medicamentos y la libertad de circulación.
“Simplemente estamos haciendo lo que en derecho corresponde y espero que en Diputados la podamos aprobar”, señaló Bilbao. Añadió que, si tras esta abrogación el presidente decide declarar un estado de excepción, ello permitiría frenar el accionar de “grupos radicales que llegaron del Chapare a El Alto, medios de comunicación del exterior y ONGs que quieren atentar contra la democracia de Bolivia, y eso no se lo puede permitir”.
En contraste, la diputada Sandra Rivero, también del PDC, rechazó la posibilidad de anular la Ley 1341 y advirtió que sería un “error” con “grandes y fatales consecuencias” para Bolivia. Planteó, en cambio, que esta semana se actúe con “cautela” y que el Gobierno cambie de mediadores. “Si la Cámara de Diputados comete el error de aprobar esta abrogación, el mensaje que se está dando a la población es: ‘estamos listos para confrontarlos’. Y en este momento, lo que menos necesita el país es confrontación”, afirmó.
En la misma línea crítica, el diputado Rómulo Villca, del PDC y afín a la línea de Edmand Lara, protagonizó una intervención cargada de tensión. En medio de insultos en aymara, aseguró que no permitirá que “sigan metiendo bala a mi pueblo”. También denunció el supuesto accionar de “croatas” y lanzó amenazas de represalia contra “las élites”.