Caso ambulancias: depósitos para cubrir la boleta de garantía se hicieron un mes antes de que el gobernador de Potosí sea imputado
Jhonny Mamani es acusado de generar daño económico al Estado. Seis funcionarios pagaron los 1.4 millones de bolivianos que debían ejecutarse en caso de incumplimiento de contrato
Los depósitos para cubrir la boleta de garantía por la compra fallida de las ambulancias en Potosí fueron realizados un mes antes de que el gobernador Jhonny Mamani fuera imputado por daño económico al Estado.
Los datos publicados por ‘El Potosí’ indican que seis personas, entre funcionarios y exfuncionarios, erogaron los recursos entre el 20 y 22 de junio. Un total de 1.435.000 bolivianos fueron consignados a la cuenta única de esa entidad regional.
Los funcionarios y exfuncionarios que hicieron el depósito el 20 de junio son Luis René Loayza Gallardo, Ricardo Rodríguez Serrudo, Rubén Moisés Miranda Castro y Leonardo Condori Margo. Este último es uno de los asesores estratégicos del gobernador Mamani.
El segundo depósito fue el 22 de junio y quienes lo hicieron son: Eulogio Peñaranda Cárdenas y Carla Lorena Villa Limachi. Esta última es la que depositó la menor suma, 77.800 bolivianos, según consta en el memorial que fue presentado por el exsecretario jurídico de la Gobernación, Rubén Miranda.
“El Ministerio Público deberá averiguar el origen de estos dineros. Estos funcionarios deben explicar de dónde sacaron semejantes montos, deberá intervenirse sus cuentas y, finalmente, establecer el origen de esos dineros”, dijo el asambleísta departamental Jaime Flores.
Según la imputación de la Fiscalía, el gobernador Jhonny Mamani adjudicó el contrato “sin que la misma cumpla las especificaciones técnicas requeridas”, hizo constar la recepción de las ambulancias sin que estuvieran físicamente en Potosí y luego anuló el acuerdo 22 días después de su incumplimiento, sin emitir sanciones o ejecutar la póliza de garantía.
La audiencia de medidas cautelares contra la autoridad departamental fue postergada en dos ocasiones y ahora está fijada para el 29 de agosto. El Ministerio Público solicita detención domiciliaria para la autoridad para que no interfiera en la investigación.
