A 17 años del operativo policial en el Hotel Las Américas, expresos, perseguidos y exiliados políticos del caso se reunieron este jueves en Santa Cruz junto al Comité pro Santa Cruz para exigir justicia, reparación integral y el esclarecimiento definitivo de los hechos, en un acto marcado por duras críticas al Estado boliviano y el anuncio de nuevas acciones legales a nivel internacional.
El vicepresidente del Comité pro Santa Cruz, Agustín Zambrana, calificó el caso como una “masacre” y denunció violaciones a los derechos humanos cometidas durante el gobierno de Evo Morales. “Estamos con héroes de la democracia, con personas que fueron perseguidas, torturadas y exiliadas. Es momento de reconciliar al país y reconocer que nunca fueron terroristas”, afirmó durante el pronunciamiento público.
Zambrana anunció que la institución cívica acompañará los procesos judiciales en curso, tanto a nivel nacional como internacional, incluyendo una causa en Argentina bajo el principio de jurisdicción universal contra Morales. Asimismo, adelantó que exigirán la eliminación de la calificación de “terrorismo” en los expedientes judiciales, la extradición del exfiscal Marcelo Sosa desde Brasil y la agilización de los procesos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH).
El dirigente también demandó al Estado boliviano asumir su responsabilidad y avanzar en la reparación moral, social y económica de las víctimas. “No puede haber reconciliación sin verdad ni justicia. Exigimos que el Gobierno diga lo que realmente ocurrió y se identifique a los responsables”, sostuvo.
Por su parte, Juan Carlos Guedes aseguró que el grupo ve “una luz de esperanza” tras años de procesos judiciales y exilio. Recordó que muchos de los acusados no se conocían entre sí, pese a haber sido señalados como parte de una supuesta organización terrorista. “El 80% de nosotros nunca nos habíamos visto. Fue una estrategia para doblegar a Santa Cruz”, afirmó.
Guedes relató que los implicados enfrentaron más de una década de persecución, traslados carcelarios y estigmatización pública. “Fuimos tratados como delincuentes, cuando en realidad éramos autonomistas. Hemos ganado el 90% de las batallas y ahora estamos cerca de ganar la guerra en instancias internacionales”, señaló.
El exdirigente también cuestionó la falta de resarcimiento para las víctimas, en contraste con otros casos en el país. “Pedimos una disculpa pública y que se procese a quienes montaron este caso. No puede haber impunidad para quienes causaron tanto daño”, enfatizó.
Durante el acto, los participantes coincidieron en que el caso dejó profundas heridas en la sociedad cruceña y denunciaron que, hasta la fecha, no existe una reparación integral para los afectados, pese a que instancias internacionales ya establecieron responsabilidades del Estado por violaciones a los derechos humanos.
El pronunciamiento se da en el marco del aniversario número 17 del operativo del 16 de abril de 2009, que derivó en la muerte de tres extranjeros y una serie de procesos judiciales contra decenas de ciudadanos, varios de los cuales continúan litigando sus casos en tribunales internacionales.
Las organizaciones cívicas anunciaron que iniciarán una nueva etapa de acciones legales y movilización social para lograr justicia, mientras las víctimas aguardan definiciones clave en la Corte-IDH, donde varios procesos se encuentran en fase avanzada.