Caso de la niña embarazada de 11 años 'divide aguas' en Bolivia
La Defensoría del Pueblo está a favor de la determinación inicial de la menor, que dijo que quería interrumpir el embarazo, al igual que el ministro de Gobierno, mientras que la Iglesia y la madre de la niña quieren que continúe el proceso de gestación
El caso de la menor de 11 años embarazada por su abuelastro en Yapacaní causó indignación, molestia, solidaridad y opiniones encontradas de autoridades nacionales. La Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo están en los polos opuestos. La menor está en la semana 21 de gestación y su agresor preso en Montero.
Este lunes, Nadia Cruz, Defensora del Pueblo, dijo a EL DEBER que se debe respetar la voluntad (inicial) de la niña de interrumpir el embarazo para precautelar la vida de la menor, que además ya inició el proceso de aborto al suministrársele medicamentos para este cometido.
“La madre aparece ahora a decir que continúe el embarazo cuando no estuvo cuando debía estar. La Sentencia Constitucional 206/2014 es clara. Un embarazo debe ser interrumpido cuando se trata de una violación y eso es lo que ha pasado”, afirmó Cruz.
Agregó que en caso de no cumplirse la voluntad inicial de la menor (la niña después dijo que continuará con el embarazo) estarían violando sus derechos. “Si las autoridades se empeñan en seguir con el embarazo, no solo le están violando sus derechos, sino que están viendo a la mujer como un objeto de reproducción”, señaló a tiempo cuestionar a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia por un supuesto incumpliendo de funciones en la defensa de los derechos de la menor.
Por su parte, el Ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, afirmó que primero se debe evaluar sicológicamente a la menor antes de tomar la decisión. “Debemos generar las condiciones materiales para que se interrumpa este embarazo si así se lo define”, indicó.
La autoridad también se solidarizó con la menor y condenó el accionar del agresor. “No podemos tolerar este tipo de conductas en nuestro país y destruir la vida de una niña de 11 años”, expresó.
Por su parte, la Iglesia Católica, mediante un comunicado indicó que “la única solución es salvar, cuidar y apoyar con amor las dos vidas”, por lo que ofrecen “acogida y atención a la niña y a la criaturita que tiene en su vientre, dando hospitalidad gratuita en el Centro de Madres Adolescentes, Madre María, asegurando el apoyo material, médico, sicológico y espiritual para la maternidad y el tiempo post-maternidad”.
Sobre el tema, Roberto Machicao, asesor legal de la Secretaría Municipal de Desarrollo Humano de la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra, indicó que desde el punto de vista jurídico es innegable que se puede interrumpir el embarazo, con la sola presentación de la denuncia de violación, que en este caso ocurrió.
El jurista añadió que se corre contra el tiempo con la menor, ya que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) pasadas las 22 semanas de gestación no se puede realizar la interrupción del embarazo “porque se toca otros aspectos del derecho a la vida y de la menor”.
Por ahora, la niña se encuentra internada en la Maternidad Percy Boland, de la ciudad de Santa Cruz, mientras su agresor, de 61 años, fue encarcelado en la ciudad de Montero. Los familiares de la niña y ella (mediante una carta manuscrita) piden la continuidad del embarazo, mientras el caso es tema de debate en la sociedad y cuestionado, a favor y en contra, por las autoridades bolivianas.
