La decisión del Tribunal Sexto de Sentencia de La Paz de enviar el caso EBA a juicio de responsabilidades no es la primera, ese mismo beneficio ya había sido dispuesto por una sala constitucional en abril de 2022; aunque luego fue revertida. Esta es la segunda vez que envían en caso a juicio de privilegio y el Gobierno ya adelantó que apelará la decisión judicial.
“Estamos seguros (de) que van a revocar el fallo”, comentó el ministro de Justicia, luego de manifestar que el Gobierno ya presentó su objeción y apelará la medida. Para la autoridad la decisión del Tribunal Sexto de Sentencia es “inaudito”, porque pretende volver a una etapa que ya fue superada, en referencia al juicio de privilegio.
En la audiencia del jueves, cuando se iba a reinstalar el juicio oral por este caso, el Tribunal, de forma sorpresiva, hizo conocer la decisión de mandar a Áñez a juicio de responsabilidades, porque así le corresponde como exmandataria.
En abril de 2022 la expresidenta solicitó que su caso pasara a juicio de responsabilidades, pedido que le fue concedido por el juzgado Cuarto de Instrucción; en octubre de ese año, el juez Hebert Torrejón revirtió la primera medida y dijo que no existían pruebas para someter a Áñez a juicio de responsabilidades; en noviembre la defensa de la exmandataria presentó una apelación a esa decisión y en diciembre del mismo año, un tribunal paceño confirmaba que Áñez debía ser juzgada en juicio ordinario.
Entonces la defensa acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con una denuncia por la violación de derechos, desde ese entonces los demandantes esperan una resolución de admisión.
Dos años después de todos esos conflictos judiciales, el Tribunal Sexto de Sentencia, a cargo del juez Marco Antonio Vargas, decidió que el caso no podía seguir en los tribunales ordinarios, porque no corresponde y, por tanto, se anuló todo el proceso.