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Después de cinco horas de audiencia cautelar, el juez quinto de Instrucción Anticorrupción de La Paz, ordenó la detención preventiva, por cuatro meses, del ex viceministro del Tesoro y Crédito Público de la gestión del gobierno de transición, Carlos Schlink. En virtud al fallo deberá cumplir el aislamiento en la cárcel de San Pedro, en La Paz.

El Ministerio Público lo imputó por la presunta comisión de cuatro delitos: resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.

Adalia Zurita, abogada de la exautoridad, en contacto telefónico con EL DEBER, calificó de injusta la decisión del juez y lamentó el accionar y sometimiento de la administración de justicia al Ejecutivo. Hizo notar que al cabo de la audiencia interpuso un recurso de apelación al fallo y espera para los próximos días la notificación para una nueva audiencia.  

En su gestión, la exautoridad denunció que el gobierno de Evo Morales sobregiró las cuentas del TGN, gastando los recursos de 590 entidades públicas, cuyo hueco financiero estimó en Bs 18.500 millones.

El domingo, horas después de su arresto en el aeropuerto Viru Viru, Schlink dijo que se enteró del proceso en su contra cuando intentaba viajar de luna de miel a Punta Cana, pero se lo impidieron por una alerta migratoria. El exviceministro estuvo retenido entre sábado y domingo por la Policía y el lunes, por la tarde, viajó a La Paz para acudir a la Fiscalía en calidad de testigo y después se confirmó que había sido aprehendido.

En este caso se investiga el crédito de $us 327 millones del FMI que gestionó el gobierno transitorio para cubrir los gastos sanitarios ocasionados por el colapso del sistema de salud debido a la expansión del coronavirus en el país. El dinero fue desembolsado, a pesar de que la transacción no estaba aprobada por el Legislativo.

En febrero el Banco Central de Bolivia (BCB) realizó la devolución de $us 346,7 al FMI, equivalentes a 240,1 millones de Derechos Especiales de Giro (DEG), según el titular el ente emisor Edwin Rojas Ulo, que manifestó que había sido gestionado irregularmente en abril de 2020 durante la gestión del gobierno transitorio de Jeanine Áñez.

En aquella oportunidad, a decir de Rojas, este préstamo, además de ser irregular y oneroso por las condiciones financieras, generó costos económicos adicionales y millonarios al Estado boliviano, que a febrero de 2021 sumaron $us 24,3 millones, de los cuales $us 19,6 son por variación cambiaria y $us 4,7 millones producto de comisiones e intereses.



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