Tres empresas se ofrecieron para hacer el análisis de integridad electoral dentro del caso fraude electoral en 2019 y el trabajo costó 216.193 bolivianos, de acuerdo a documentos públicos del Sistema de Contrataciones del Estado (Sicoes).

El secretario de la Fiscalía General del Estado, Edwin Quispe, detalló que el presupuesto salió del Ministerio Público, correspondiente a la partida de gastos de investigación y los consideró ínfimos en relación a la tarea ejecutada.

“No es una designación ni un pedido directo, fue algo emergente de una convocatoria pública y el presupuesto que se destinó fueron 216.193 bolivianos, equivalentes más o menos a unos 30.000 dólares, que al nivel de pericia que se solicitó no es un monto significativo, es un monto menor”, explicó en entrevista con radio Fides.

Los datos indican que hubo tres proponentes en la convocatoria pública; una empresa de la ciudad de La Paz, otra que corresponde a Marcela Peñaloza, perito con sede en México, y el grupo de Investigación Deep Tech Lab de Bisite, de la Fundación General de la Universidad de Salamanca, que al final ganó el contrato.

A diferencia de la auditoría de la OEA, realizada por 36 especialistas y auditores de 18 nacionalidades, entre abogados electorales, estadísticos, peritos informáticos, especialistas en documentos, en caligrafía, en cadena de custodia y organización electoral, el análisis de integridad electoral fue realizado por un docente y dos estudiantes.

Juan Manuel Conchado Rodríguez (docente) y Pablo Plaza Martínez y Manuel López Pérez (estudiantes). El primero se negó a hablar con la prensa sobre el trabajo realizado argumentando que tiene una cláusula de confidencialidad.