El delito de instigación pública a delinquir tiene una pena máxima de dos años y la ley prevé que, con esa sanción, el caso prescribe a los tres años, explicó un penalista.

2 de abril de 2024, 8:05 AM
2 de abril de 2024, 8:05 AM

Mientras el ingeniero informático Edgar Villegas reaparecía ante los medios para proclamar su inocencia y denunciar persecución política, la Fiscalía se esforzaba en asegurar que no habrá detención alguna. Por su lado, la Policía desplegó efectivos de Inteligencia y agentes de la UTOP hasta la sede de la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP), donde Villegas dio una conferencia de prensa y anunció que no será “doblegado” por la acción penal planteada en su contra.

Luego de concluida la conferencia de prensa que ofreció informático y su defensa, este abandonó el edificio de la APLP y uno de los activistas lo llevó a un local contiguo y ambos ingresaron al mismo. Detrás de ellos salió un pequeño grupo de las activistas que lanzó “vivas”.

Vehículo sin placa abandona la sede de periodistas donde habló Villegas/APG
Vehículo sin placa abandona la sede de la Asociación de Periodistas de La Paz, donde brindó una conferencia de prensa Edgar Villegas, imputado por denunciar fraude electoral en 2019/APG


Fue en entonces cuando aparecieron dos vagonetas de color dorado sin placas.

Bajaron dos personas que se acercaron a Edgar Villegas, pero cuando salieron las activistas las dos personas, ambos varones , subieron apresuradamente a una de las vagonetas y esta bajó por la avenida 6 de Agosto del barrio de San Jorge.

Frente a la sede de los periodistas también estaba una camioneta de la Policía , aunque sin efectivos; poco después que huyera una de las vagonetas llegó una segunda con policías de la unidad antidisturbios UTOP y se apostó una decena de efectivos en las puertas de la APLP, pero Villegas ya no se encontraba en el edificio de esta organización de periodistas.

El arribo de las vagonetas sin placa fue a las 10:40 y permanecieron en el lugar por espacio de cinco minutos aproximadamente; luego llegó la camioneta de UTOP y estuvo hasta las 10:58 porque todos los que llegaron a la conferencia de prensa abandonaron la sede de la APLP. Pese a estos hechos las autoridades insisten en que no hay persecución.

La Fiscalía

La coordinadora de la Fiscalía de La Paz, Nilda Calle, insistió en que el tipo de delito de la denuncia, instigación pública a delinquir, no amerita detención preventiva del denunciado.

“El delito de investigación pública delinquir tiene una pena de un mes a un año, que puede ser ampliada si se determina que la investigación ha sido un delito propio, esto no da lugar a una detención preventiva, la imputación formal ha sido emitida como una medida cautelar de conocimiento al juez, no se ha solicitado ningún tipo de medidas en contra de la persona”, dijo la fiscal en conferencia de prensa.

El 25 de octubre de 2019 un grupo de ingenieros informáticos presentó muestras de que hubo alteración de actas de la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) pertenecientes al Órgano Electoral. Esto presentación derivó contribuyó a la denuncia de fraude electoral, cuando ya en el país había protestas por las irregularidades con que se desarrolló la elección presidencial.

Cuatro años después de esos sucesos, el diputado Renan Cabezas (MAS-ala evista) presentó una denuncia en octubre del pasado año y acusó a Villegas de instigación pública a delinquir. La fiscalía no notificó al denunciado e inició una investigación que determinó la imputación de Villegas en marzo de este año.

“Llama enormemente la atención de que desde octubre de 2019 hasta la fecha han transcurrido más de cuatro años sin que se haya presentado alguna denuncia, menos por este delito, quien ha presentado esta denuncia es el diputado de la bancada del ala evista, el señor Renán Cabezas, quien al parecer pretende un rédito o un beneficio político personal con el objeto de obtener la gracia de su líder Evo Morales “, acusó la abogada defensora, Verónica Arancibia.

Prescrito

El artículo 130 del Código Penal señala que el delito de instigación pública a delinquir tiene una pena de un mes a un año y si el daño es al Estado la pena se aumenta de 3 meses a dos años; en ambos dos casos, el propio Código establece que cuando la pena es inferior a los 3 años no existe la detención preventiva.

Asimismo, el artículo 101 señala, que la potestad para ejercer la acción penal desde el Ministerio Público prescribe en tres años para los delitos que tengan penas inferiores a tres años. El supuesto delito imputado a Villegas ya prescribió porque pasaron cuatro años desde que sucedieron los hechos.

“Cuando la pena aplicable será de reclusión de tres meses a dos años, tomando en cuenta que este puede ser el máximo de la pena (como el presente caso) sí se puede hablar de una prescripción (…) pero en qué momento se computa el tiempo de la prescripción, también el Código de Procedimiento Penal (CPP) te orienta que el término de prescripción empieza a correr desde la medianoche del día en que se cometió el delito o en que se produjo la consumación del delito”, explicó el abogado penalista, Andrés Zúñiga, tras realizar una explicación técnica.

No hay miedo

El ingeniero Villegas reapareció ayer ante los medios de comunicación en las oficinas de la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) y aseguró que el caso abierto en su contra es contra todos los que salieron a las calles en 2019 y que la justicia tendrá que acusar a toda la ciudadanía si busca culpables.

Más delgado y luciendo una frondosa barba, el informático que lanzara la alerta en 2019 adelantó que asumirá su defensa, aunque no fue notificado con la denuncia, ni siquiera conoce la imputación que ya presentó la fiscalía. “La verdad es única e irrefutable y no van a lograr cambiarla, quiero decir algo al pueblo boliviano que ha luchado de forma no violenta, que hemos luchado durante los 21 días, que no nos vamos a rendir ante las injusticias, que no tenemos miedo, no nos van a doblegar carajo”, bramó el profesional en su aparición.

La plataforma “Otra Bolivia es posible” ya prepara las protestas y la primera medid será un plantón en la plaza Abaroa, donde están ubicadas las oficinas del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Los políticos

La dirigencia política no se mantuvo al margen de este caso, los opositores lanzaron sus acusaciones en contra del masismo y consideran que intentan distraer la atención de la opinión pública para tapar la debacle económica.

Los evistas creen que se trató de una estrategia destinada a dañar la imagen del país y aplaudieron el juicio que se abrió contra Villegas, pero no mencionan la protesta ciudadana que invadió las calles los 21 días que duró el conflicto en La Paz.

“Ese (Edgar) Villegas tan experto en cuestiones cibernéticas no mostró quién había alterado, algún botoncito de una computadora para que nos diga fraude, simplemente hablaron, como hasta hoy en día siguen hablando, por tanto, por mentiroso ha causado problemas constitucionales en el país tiene que ser procesado”, condenó el senador Félix Ajpi. No se conoce la fecha que será convocado Edgar Villegas a declarar.


DESAPERCIBIDOS

Los integrantes de las plataformas ciudadanas que lucharon en 2019 no se dieron cuenta de la presencia policial, pese a que lanzaron estribillos en plena avenida 6 de Agosto

MIGUEL ROCA

El diputado Miguel Roca (CC) se acercó a hablar con la decena de efectivos que se desplegó en puertas de la APLP y poco después los policías decidieron retirarse del lugar