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Idelfonso Mamani es el cuarto ex vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que logra la detención domiciliaria desvirtuando los riesgos procesales por los que fue enviado a prisión. Mamani y otras cinco ex autoridades electorales fueron detenidos hace más de un año para responder por el caso de fraude electoral.


“La detención domiciliaria será en La Paz, hay que realizar el registro domiciliario de dónde va a residir, además debe presentar los cuatro garantes y el trámite de arraigo para que se cumpla con la decisión del juez”, explicó el abogado, René Villarroel.


Idelfonso Mamani fue aprehendido el 2 de diciembre del pasado año acusado de una decena de delitos que configuran el supuesto fraude electoral de octubre de 2019, estaba detenido en el penal de San Pedro de La Paz desde entonces.


En la audiencia cautelar del 3 de diciembre el juez determinó seis meses de prisión preventiva, ese plazo se cumplió en junio de este año, pero por la pandemia se pidió una ampliación de dos meses adicionales que debía cumplirse en agosto; al final el Ministerio Público ya no tenía cómo sustentar seguir manteniendo en prisión al exvocal.


Riesgo de fuga y obstaculización de la investigación eran las dos principales cuestionantes que tenía la Fiscalía en contra de Mamani. Pero esta mañana su defensa desvirtuó con certificados esos dos riesgos y accedió a la detención domiciliaria.


Antonio Costas, María Eugenia Choque y Lidia Iriarte, en ese orden, fueron las primeras exautoridades que accedieron a la detención domiciliaria y dejaron su encierro. En prisión solo quedan Lucy Cruz y Edgar Gonzáles.


Para el abogado defensor el tiempo de investigación que lleva este caso es excesivo porque hasta el momento el Ministerio Público no logró formular la acusación contra todos los investigados pese a que ya se tiene casi un año de ocurridos los hechos.


Los seis exvocales están acusados de: falsificación de documentos; manipulación informática; alteración y ocultación de resultados; beneficios en función del cargo; resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes; incumplimiento de deberes; falsedad material; falsedad ideológica; uso de instrumento falsificado; finalmente alteración, acceso y uso indebido de datos informáticos.


“La fiscalía sigue con la investigación, ya va a ser un año del supuesto fraude y el Ministerio Público hasta el momento no establece qué ha pasado, siguen con temas subjetivos, no han hecho una investigación idónea a quienes hayan podido cometer el delito. En el caso de mi cliente, no aparece cómo pudo haber sido autor o cómplice del delito electoral”, justificó el defensor de Idelfonso Mamani.